*En un año se registraron 274 agresiones; destacan 412 detenciones arbitrarias, 23 ejecuciones extrajudiciales y 16 desapariciones forzadas
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 28 de agosto. Las agresiones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, perpetradas entre junio de 2013 y mayo de 2014, forman parte de una estrategia de represión política por el trabajo de denuncia y defensa que cotidianamente realizan defensores de Derechos Humanos (DH), activistas y líderes, informaron organizaciones no gubernamentales.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad, en el que documentaron 274 agresiones a personas defensoras, entre los que destacan 412 detenciones arbitrarias, 23 ejecuciones extrajudiciales y 16 desapariciones forzadas. En su mayoría, estos delitos permanecen impunes.
“La impunidad es uno de los elementos transversales y constantes a las violaciones a los derechos humanos, además se convierte muchas veces en la causa fundamental de las luchas que inician las personas defensoras de los derechos humanos y, desafortunadamente, parece ser también el fin y uno de los objetivos de la implementación de los mecanismos de la represión política”, puntualiza el documento.
El informe señala que entre los ataques perpetrados entre junio de 2013 y mayo de este año se registraron 106 hostigamientos, 54 agresiones físicas, 49 amenazas, 19 daños a propiedades, 18 actos de criminalización y 16 allanamientos, entre otros, de los cuales las víctimas fueron 133 personas, 47 organizaciones y 23 comunidades. Los estados que concentraron el mayor número de agresiones son Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca y Estado de México.
En el caso de las detenciones arbitrarias, las organizaciones documentaron 220 en el Distrito Federal, 59 en Oaxaca, 29 en Chihuahua, 20 en Guerrero y 19 en Chiapas, las cuales responden a una estrategia de control social, represión política y contrainsurgencia. Es preciso mencionar que el 99 por ciento de estas detenciones corresponden a personas presas de conciencia y el 2 por ciento restante a presas y presos políticos e injustos.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, el informe revela que a pesar del cambio de partido político en el poder, la privación ilegal de la vida sigue siendo una práctica recurrente en contra de luchadores sociales y defensores, sobre todo en el contexto de militarización que vive nuestro país, situación que en su momento advirtió Christof Heyns, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Las organizaciones registraron siete asesinatos en Guerrero, cinco en Oaxaca, cuatro en Veracruz, dos en Chiapas y una en los estados de Morelos, México, Puebla, Sinaloa y DF.
La desaparición forzada consiste en que agentes del Estado —o personas que cuentan con apoyo, autorización o aquiescencia de éste— arrestan, detienen, secuestran y/o privan de la libertad a una o varias personas, seguido de la negativa del gobierno para reconocer la acción. Entre junio de 2013 a mayo de 2014 se registraron cinco desapariciones en Guerrero; tres en Oaxaca, Veracruz y Michoacán, respectivamente; y dos en Chiapas; de las cuales ocho derivaron en ejecución, siete en detención y sólo una persona fue liberada.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron al Estado mexicano promulgar leyes federales y estatales que hagan efectiva la reforma constitucional de 2011 en materia de DH; promover el respeto de los derechos de defensores y activistas; realizar una campaña para legitimar la labor así como mejorar los mecanismos de protección, investigación, sanción y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos.