*Reforma energética estigmatiza y discrimina el concepto de desarrollo de las comunidades, además no respeta su cultura y derechos colectivos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 26 de agosto. Organizaciones civiles exigieron a Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), interponer acción de inconstitucionalidad en contra de algunas leyes secundarias de la reforma energética, debido a las violaciones a los derechos humanos —principalmente de campesinos y pueblos indígenas—, advirtió Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT).
En conferencia de prensa, Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, precisó que la reforma energética es “estigmatizadora y discriminatoria del concepto de desarrollo de las comunidades”, además de que no respeta su cultura ni sus derechos colectivos, por lo que enfatizó en la obligación constitucional de la CNDH de respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, la cual ha incumplido en los últimos meses, a pesar de los llamados que ha hecho la sociedad civil.
Por su parte, Andrea Cerami, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió del carácter preferencial que las leyes secundarias le dan a los hidrocarburos, “prioridad que pone en riesgo el derecho a la propiedad de las comunidades” así como el derecho al agua, precisó el investigador, quien no descartó que en un futuro cercano aumenten los conflictos socioambientales y jurídicos como consecuencia de la falta de regulación en el actuar de las empresa, así como de la ausencia de sanción en las omisiones que estas cometan.
Además de los ya mencionados, el paquete de leyes secundarias en materia energética vulnerará los derechos a la información, a la consulta ya la participación de las comunidades respecto a los proyectos que les afectan directamente. Asimismo, “se generarán daños irreversibles en la tierra, territorio, salud, el derecho a un ambiente sano, a la alimentación”, entre otros derechos, debido a la entrada de industrias extranjeras y técnicas nocivas de extracción, como el fracking, abundó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El investigador calificó como “tremendo el atropello del Gobierno Federal, quien insiste en promoverlas (las técnicas de extracción peligrosas) y negar sus afectaciones”, esto, a pesar de que organizaciones civiles han presentado información sobre los antecedentes de prácticas similares en países como Estados Unidos o Canadá, donde los daños han provocado contaminación irreversible e incluso el desplazamiento forzoso de las y los habitantes, sin que existan sanciones a las empresas: “las afectaciones deberían ser previsibles, sino deberían considerarse la cancelación de los proyectos”, señaló.
Según lo estipulado en las leyes secundarias, las afectaciones no irán más allá del pago de una multa, que no se equipara con sus ganancias ni con el daño que ocasionan sus actividades extractivas. En este sentido, Manuel Llano, analista de la organización Conservación Humana, advirtió que el conflicto socioambiental afectará también a las áreas protegidas, cuencas, mantos acuíferos y núcleos agrarios de estados como Veracruz, Tabasco, Coahuila, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, por mencionar algunos. Asimismo, puso a disposición una serie de documentos que precisan el impacto de la legislación en nuestro país.
Finalmente, Araceli Olivos informó que el plazo que tiene la CNDH para presentar el recurso vence el 10 de septiembre, por lo que reiteró el llamado para que la emita, ya que “no hay otro mecanismo mayor de alcance que la acción de inconstitucionalidad (…) El Ombudsman debe hacer su trabajo y así poder abrir el debate para que la Suprema Corte lo regule”. La defensora del Centro Prodh señaló que podrían interponerse otros recursos pero no tendrían el mismo alcance, incluso si instancias internacionales o relatores se interesaran, no lograrían cancelar la aplicación de la reforma.