*La Red condenó violaciones a derechos de las y los defensores guerrerenses así como su criminalización
México, DF, 21 de agosto. A un año de la detención de Nestora Salgado García, Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, quien actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 4 de Tepic, Nayarit, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió, a través de un comunicado, la inmediata e incondicional liberación de la defensora comunitaria guerrerense.
Las defensoras que conforman la Red solicitaron además el traslado de Nestora Salgado a un penal de la Ciudad de México, mientras se dicte el auto de formal libertad, ya que, a pesar de que en abril de este año el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero, levantó el cargo por secuestro, que es de orden federal, la defensora continúa en el Cefereso, evidenciando “el carácter político de la persecución penal y el uso ilegal de los penales federales con la complicidad del Gobierno Federal”, precisa el documento.
De igual forma, exigieron puntual atención médica para la comandanta de Olinalá, ya que requiere medicamento especial debido a problemas en la columna. El comunicado señala que “la salud de la defensora se ha visto afectada y la atención médica de manera adecuada le ha sido negada”. Por otro lado, añade el escrito que sus familiares “continúan padeciendo la criminalización contra la defensora”.
Las activistas y defensoras de la RNDDHM recordaron que los derechos de Salgado García han sido vulnerados desde su detención —por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de las policías estatal y municipal—, ya que fue trasladada de inmediato a un penal federal, violando su derecho al debido proceso, además de que se le presentaron cargos con pruebas insuficientes y contradictorias, motivo por el que la defensora comunitaria debe ser liberada.
Además de la liberación de Nestora Salgado, la Red Nacional de Defensoras condenó la criminalización de las y los defensores y activistas del estado de Guerrero —y de todo el país— y exigió la libertad de los nueve integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que se encuentran presos, dos de ellos en un penal de máxima seguridad en el Estado de México, así como de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), detenido también en el Cefereso 4.
14/OVH