* Organizaciones instalan mecanismo de observación ante militarización
México, DF, 21 de agosto. El pasado 7 de julio Peña Nieto anunció en Chiapas la puesta en marcha del llamado Programa Frontera Sur, donde se realizará la construcción de más infraestructura fronteriza. Asimismo, en coordinación entre autoridades de diferentes entidades gubernamentales habrá mayor control fronterizo, y se avala más presencia del Ejército y la Marina; también se crean los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.
Ante ello, organizaciones de sureste señalaron que dicho plan contiene numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana.
También denunciaron la falta una política migratoria mexicana con visión de derechos humanos que fomente la no discriminación y la multiculturalidad que conlleva todo flujo migratorio. Peña Nieto «no menciona cómo se van a respetar los derechos humanos de las personas afectadas por estas medidas, ni cómo se va a evaluar su efectividad o se van a rendir cuentas».
Este enfoque no es nuevo ni una consecuencia de la llamada “crisis de la niñez migrante”, abundaron las organizaciones, ya desde el 2013 han observando numerosos movimientos en esta frontera sur tendentes a militarizar la zona, elevar la presencia de la Policía Federal, reforzar controles aduanales y biométricos. Y esta militarización continúa hoy día, con o sin Programa Frontera Sur, como vemos por los operativos constantes y violentos que se están dando contra migrantes en Tabasco y en la costa de Chiapas.
A pesar de todos estos obstáculos, personas migrantes y refugiadas siguen tratando de llegar o transitar por la zona en busca de protección y mejores condiciones de vida, viéndose afectadas por este incremento de las medidas de control, las cuales solamente están lucrando más a las redes de tráfico y reforzando la corrupción de autoridades coludidas. A lo que se suma el nombramiento desde la entrada del nuevo gobierno federal de autoridades encargadas de tema de seguridad y migración con perfil militar y policiaco y la extensión de estas medidas de control a países vecinos.
Ante esta realidad y el reciente anuncio del Gobierno federal, organizaciones de los estados de Chiapas y Tabasco decidieron constituirse en un observatorio permanente para monitorear los efectos que se deriven de esta política de seguridad.
Para las organizaciones estas medidas solamente van a provocar el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el despojo, por lo que van a coordinar las acciones de monitoreo en zonas de influencia, para constituir un observatorio permanente de la frontera sur y de los efectos que genere esta política, perfilada únicamente en motivos de seguridad y de alineación con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los resultados que arroje este monitoreo coordinado serán publicados periódicamente para conocimiento de la población y la exigencia de responsabilidades por los hechos violatorios de derechos que puedan documentarse.
Las organizaciones hacen un llamado a otras organizaciones del sureste preocupadas por estas acciones y anuncios a sumarse a este esfuerzo.
Las organizaciones que apoyan la iniciativa son: Albergue de la 72 – Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante San
Francisco de Asís – Huixtla, Chiapas; Centro de Derechos Humanos; Fray Bartolomé de las Casas – San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova – Tapachula, Chiapas; Enlace Comunicación y Capacitación – Comitán de Domínguez, Chiapas.