• Trascendidos afirman que sentencia de caso campo algodonero condena al estado mexicano; a punto de emitirse también sentencia por caso Radilla.
• Comisión IDH pide a México fundamentar arraigo y fuero militar.
México vive un importante punto de inflexión en términos de su integración al sistema interamericano de derechos humanos, al estar a punto de ser dictadas las primeras sentencias sobre asuntos de fondo relacionadas con temas sensibles para la sociedad civil mexicana desde que se ratificó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998. Anteriormente se habían abordado un par de casos. El primero de ellos fue el de Alfonso Martín del Campo Dodd vs México, mismo que fue desestimado en una etapa preliminar por considerar la Corte que todos los pasos del proceso judicial se habían realizado de manera previa a la ratificación por México de la competencia contenciosa de la Corte, por lo que no tenía facultad para conocer del caso. El segundo caso fue el presentado por Jorge Castañeda, quien alegaba violaciones a su derecho a ser candidato independiente, mismo que se resolvió de manera dividida, pues la corte aceptó que se violaron las garantías procesales de Castañeda, pero no reconoció violaciones a sus derechos políticos.
Pero antes de que termine el año serán definidos dos casos sobre México con gran importancia, porque son impulsados por organismos civiles y sobre todo porque tratan asuntos relacionados con víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos en nuestro pasado reciente. El primer caso es el que se ha dado en llamar Campo algodonero, y aborda los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Claudia Ivette González de 19 y Laura Berenice Ramos Monárrez de 17. Ellas tres fueron halladas junto con otras 5 mujeres asesinadas en un predio de Ciudad Juárez conocido precisamente como campo algodonero. La Comisión IDH decidió someter el caso a la Corte en el año 2007. Según ha trascendido en medios la sentencia se prevé condenatoria para el Estado mexicano, con lo cual, según la abogada Michell Salas, se convierte en “una sentencia histórica. Es de hecho, la primera sentencia en América Latina donde se condena el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres».
El otro caso por resolverse en la Corte Interamericana es el de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Se trata de un caso que resulta muy emblemático del proceso conocido como guerra sucia, por medio del cual agentes presuntamente ligados al Estado, habrían realizado de manera concertada desapariciones forzadas y otras formas de violencia con el fin de desincentivar la oposición política al régimen. En este caso no ha habido filtraciones sobre el sentido de la sentencia, pero según fuentes confiables, está se dará en las siguientes semanas y antes de terminar el año.
Finalmente y en una derivación de un caso presentado durante las audiencias del 137º periodo de sesiones de la Comisión IDH, dicho organismo internacional solicitó al Estado mexicano fundamentar la figura del arraigo, así como explicar como se justifica legalmente la detención de personas en instalaciones militares. La petición se relaciona con un caso de arraigo y tortura de policías de Baja California por parte del Ejército que fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los DH (CMDPDH) en esa audiencia. Se notificó oficialmente a México el lunes 23 de noviembre, otorgándosele 30 días para responder.