*Durante el Foro Nacional de derecho agrario para la defensa de la tierra y el territorio
Claudia Gómez Godoy, Colectivo de Abogad@s|
Santiago Aguirre y Victor Hugo Carlos, ambos del Centro Prodh.
México, DF, 7 de agosto 14. En el contexto de la aprobada Reforma Energética por el Senado de la República, enmienda impulsada desde hace un año por Enrique Peña Nieto, que abre el sector energético nacional a los capitales extranjeros, 24 colectivos y organizaciones de Guerrero, Chiapas, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal, se pronunciaron en contra de más de 20 cambios normativos – incluyendo ocho nuevas leyes-, que permite la puerta para el despojo del campo y que pone en riesgo a los territorios indígenas.
Durante el foro “Derecho agrario para la defensa de la tierra y el territorio”, que convocó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, señalaron que la Reforma Energética, y especialmente la nueva Ley de Hidrocarburos, expone a los núcleos agrarios a que sus territorios sean expropiados en los hechos bajo el disfraz de las “ocupaciones temporales”, incentivando esquemas de relación con actores económicos que no garantizan condiciones de equidad para las y los campesinos.
Dicha Ley de Hidrocarburos, además, regula indebidamente el derecho a la consulta, para establecer un procedimiento de consulta simulada que se aparta del contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e incluso de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que sin duda deberá ser declarado inconstitucional. Finalmente, revisamos también las implicaciones del llamado fracking, técnica de explotación de hidrocarburos que impactará nocivamente el medio ambiente y el tejido social, de una manera nunca antes vista.
Asimismo, analizaron que la ofensiva contra el campo no se detiene con la Reforma Energética sino que puede agravarse con la probable discusión en el futuro próximo de iniciativas como la propuesta de Ley Agraria impulsada por Felipe Calderón al final de su sexenio, respecto de la cual no se ha deslindado la actual administración de Enrique Peña Nieto, que —por el contrario— no ha dejado de aludir a una inminente reforma del campo.
Frente a esta realidad, también señalaron que hoy se cierne una amenaza sin precedentes sobre la propiedad social de la tierras, la tradición de resistencia de los pueblos; su vinculación con organizaciones civiles que les pueden allegar la información que los gobiernos ocultan; su arraigo a la tierra como madre dadora de vida; y, sobre todo, su tejido comunitario y su presencia territorial; representan algunas bastiones de defensa de la vida campesina que no cesarán de articularse para la defensa de la tierra.
Ante ello, exigieron por medio de un pronunciamiento que Enrique Peña Nieto se abstenga de publicar los ordenamientos que componen la Reforma Energética; también llamaron al Congreso de la Unión a establecer mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas del país, con base en los tratados internacionales firmados por México, especialmente el Convenio 169 de la OIT.