*Entre 2002 y 2013, Cimac ha documentado 184 casos de periodistas y comunicadoras agredidas
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 6 de julio. La agresión y criminalización contra periodistas, además de coartar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información de la sociedad, genera repercusiones tanto en la vida personal, profesional y social, señaló Paola Ochoa Tlapango, locutora de Radio Diversidad, una estación comunitaria de Veracruz que fue allanada en 2009 por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ahora Ifetel.
Junto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) México, la comunicadora relató en la pre-audiencia “Violencia de Género y Feminicidio” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, que cumple en libertad una sentencia por operar Bienes de la Nación sin concesión o permiso del Estado.
Es importante mencionar que Radio Diversidad era un medio comunitario que operaba con recursos de sus colaboradores y, aunque solicitó información a la Cofetel respecto a los requisitos para obtener un permiso, no hubo respuesta de la instancia hasta una semana después del operativo.
Paola Ochoa dijo ser víctima de “violencia en contra de las mujeres que toman los micrófonos” y señaló que como consecuencia del proceso jurídico que enfrenta no puede laborar en algún medio, además de que su vida política dentro de la comunidad donde vive —Paso del Macho, Veracruz— ahora es nula. Su criminalización ha permeado también en la vida familiar de la comunicadora, sus hijos y esposo han sufrido las consecuencias al ser constantemente abordados con comentarios respecto a la situación jurídica de Paola.
En este sentido, la informadora señaló como responsable por acción y omisión al Estado mexicano, ya que es su obligación garantizar el derecho de las comunidades a contar con medios de comunicación comunitarios e indigenistas de calidad, y lejos de cumplirlo, obstaculiza la existencia de éstos. Además, Paola exigió la reparación del daño ejercido en contra de ella, de compañeros de la estación así como de Radio Diversidad. Instó también a que se deje de criminalizar y perseguir a las y los comunicadores comunitarios.
Casos de periodistas agredidas, invisibles ante el Estado
Dentro de la misma pre-audiencia, Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac), en voz de Yunuhen Rangel Medina, señaló que en entre 2002 y 2013 han documentado 184 casos de periodistas y comunicadoras agredidas, en su mayoría reporteras, sin embargo “este asunto no está reflejado en las noticias o informes (…) lo que demuestra exclusión y discriminación pero también la falta de acceso a la justicia”, agregó la también integrante de la Red Nacional de Periodistas.
Yunuhen Rangel precisó que documentó 11 feminicidios y la desaparición de una periodista en 2009 y que las mujeres agredidas generalmente son trabajadoras de prensa escrita, aunque reconoció que el número de agresiones hacia comunicadoras que colaboran en medios independientes ha crecido en los últimos años.
La periodista declaró además que los principales perpetradores son servidores públicos, policías estatales y municipales y el crimen organizado y que los estados más peligrosos para las periodistas son el DF, Oaxaca, Veracruz y Morelos. Asimismo informó que las informadoras también han estado expuestas a una severa violencia institucional, ya que no hay casos resueltos, por lo que “la impunidad ha dejado la puerta abierta para la repetición y la desprotección de las víctimas”.
Rangel Medina destacó que la violencia no sólo es física, pues en el 100 por ciento de los casos documentados, la violencia psicológica ha estado presente, ya sea en forma de amenazas, de autocensura e incluso a través del deslinde de sus medios por las agresiones sufridas. Asimismo, las comunicadoras son víctimas de violencia sexual, por parte de sus agresores, principalmente sufren de acoso, hostigamiento y/o reciben comentarios degradantes hacia su persona.
Finalmente, Yunuhen Rangel señaló que la violencia laboral es otro de los obstáculos para el ejercicio de la labor de las mujeres periodistas, pues Cimac documentó que casi todas trabajan para más de un medio de comunicación, que no existe un número paritario entre hombres y mujeres en los medios y que son pocos los casos de comunicadoras que tienen acceso a puestos de decisión en sus lugares de trabajo.