*En noviembre pasado comunidades de la Huasteca denunciaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos que eran víctimas de despojo tanto de sus territorios como de sus recursos y tradiciones ancestrales. Asimismo, advirtieron que son constantemente perseguidos y criminalizados por defender a la Madre Tierra. Hacia finales de este año, jueces nacionales e internacionales juzgarán al Estado mexicano por su responsabilidad directa e indirecta en la devastación de la vida comunitaria.
*Reportaje | Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 29 de julio. En noviembre de 2013, habitantes y organizaciones de los estados de Hidalgo y Veracruz pertenecientes a la Huasteca se reunieron en Acatepec, comunidad ubicada en el municipio de Huautla, Hidalgo, para denunciar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Eje Devastación de la Vida Comunitaria, la desatención por parte del Estado así como las agresiones de las que han sido víctimas por defenderse de “la expropiación de sus territorios, saberes y recursos naturales”.
Las principales quejas de los pueblos de La Huasteca tienen que ver con la lucha por la tierra y la desvalorización de ésta por parte de las empresas, ya que éstas, aseguran, “sólo ven la parte económica y no ven por la protección de la tierra, no ven que la vida es un todo”. Además, está por demás sabido que el Estado tiene la firme intención de legalizar el despojo de los territorios de las y los indígenas huastecos, vía reformas estructurales y programas sociales.
El equipo dictaminador de la preaudiencia pudo constatar que “el Estado atenta contra toda forma de vida de los pueblos, a través de políticas públicas aplicadas por los diferentes niveles de gobierno y con la complicidad de empresas privadas”. La sesión final del TPP Capítulo México se realizará en el mes de noviembre, en donde jueces nacionales e internacionales juzgarán al Estado mexicano.
Pedro Hernández Flores, presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codeso) denuncia que, para imponer sus leyes y reformas, las autoridades han recurrido a la extrema militarización en las comunidades. El defensor considera que estas medidas tienen como objetivo evitar que las y los habitantes se organicen y que al final, las comunidades se dividan y así ya no exijan ni defiendan sus derechos.
Megaproyectos, peligro latente para las comunidades
El despojo y la invasión territorial representan un peligro latente para la población. Prueba de ello la mina de manganeso Molango (perteneciente a la Compañía Minera Autlán) situada en los municipios de Molango y Xochicoatlán, Hidalgo. Diana Mata, habitante de la comunidad Tajo Naopa, advierte que en la zona se practica la minería a cielo abierto a plena luz del día, actividad que desprende grandes cantidades de polvo de manganeso, el cual genera serias afectaciones al sistema neurológico de las personas, principalmente de niñas y niños.
Asimismo, la joven activista denuncia que el libre tránsito de las y los habitantes se ha visto afectado por la mina, ya que ésta invade el camino que conduce hacia las comunidades del Tajo y Jalamelco. Diana explica que las y los pobladores tienen que esquivar la maquinaria de la empresa y que ésta, en ocasiones ha cambiado la ruta para llegar a sus hogares, lo que genera confusión y descontento de la sociedad.
Además de la minería a cielo abierto, la región Huasteca se ve amenazada por los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que pasan debajo de las casas de Totonacapan, comunidad ubicada en Papantla, Veracruz. Las familias que ahí habitan denuncian que la zona está rodeada por pozos petroleros, los cuales se ubican en terrenos que fueron expropiados sin consultar a los pueblos, como parte de la iniciativa “Activo Integral Aceite Terciario del Golfo” (AIATG), que pretende explorar y extraer petróleo y gas natural.
Alejandra Jiménez, habitante de la región, precisa que Pemex y demás empresas a cargo del AIATG recurren a técnicas peligrosas para la explotación, las cuales, además de contaminar el medio ambiente, generan severas afectaciones a la salud de las y los pobladores. En este sentido, Alejandra denuncia que existe un historial de ocho accidentes en 2013 en los alrededores (seis derrames, una explosión y un incidente donde escaparon gases tóxicos), y que a pesar de la insistencia de la población, la paraestatal se niega dialogar con las y los afectados.
Saberes de las comunidades, en peligro de desaparecer
Las y los jueces de la preaudiencia en la Huasteca precisaron que “la medicina tradicional propia de los pueblos abarca un acumulado de recursos, conocimientos y prácticas ejercidos por estos de manera milenaria para el cuidado integral de la salud. Con ello, los pueblos cuentan con un sistema de salud propio que les da autonomía de decidir sus formas propias de cuidarse, curarse y nacer, por lo tanto, el ejercicio de una medicina propia que, que incluye a las médicas y médicos tradicionales, es un derecho fundamental que pertenece a las comunidades”.
Aunque lo anterior se encuentra establecido en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los pueblos indígenas, los saberes de las comunidades, elementos importantes de su cultura, también se encuentran en peligro a causa del Estado, pues, como denuncia Irma Martínez Martínez, acompañante de las parteras nahuas de los municipios de Yahualica, Xochitiapan y Huautla, en Hidalgo, “las parteras están quejándose y exigiendo sus derechos, porque (las autoridades) no respetan el ejercicio de su trabajo”.
Además, la también vocera y traductora de parteras nahuas precisa que en numerosas ocasiones, éstas han sido desacreditadas, discriminadas, amenazadas y presionadas por las autoridades de salud hidalguense para que canalicen a sus pacientes a hospitales y clínicas, las cuales, dicho sea de paso, no siempre cuentan con los recursos e infraestructura para atender a las mujeres embarazadas. De igual forma, Irma y las parteras denunciaron ante el TPP que médicos, enfermeras y personal de salud engañan a las pacientes para que se operen —con el fin de que no vuelvan a embarazarse—, violando así sus derechos reproductivos.
Represión en contra de la defensa de la vida
Pedro Hernández Flores señala que otra forma de control por parte del gobierno es el condicionamiento para la entrega de programas gubernamentales, asegura que “si hablamos nos los quitan (…) estamos amenazados”. El director del Codeso lamenta que las autoridades estatales y federales en contubernio con empresas nacionales y trasnacionales quieran desaparecer a los pueblos indígenas que habitan la región de La Huasteca así como la represión en contra de las y los que defienden de la vida.
El Codeso presentó ante el TPP Eje Devastación de la Vida Comunitaria una denuncia por los asesinatos de 48 dirigentes y luchadores sociales de la región Huasteca —ocurridos entre 1975 y 1995—. Ante las y los jueces, la organización presentó fotografías y una lista con los nombres de las víctimas, sin embargo, el Comité calcula que los homicidios en esas dos décadas ascienden a 200, aunque no todos pudieron ser documentados.
De acuerdo con el Codeso, dichos crímenes fueron perpetrados, en su mayoría, por vecinos de otras comunidades, terratenientes, caciques y elementos de seguridad municipal, estatal y ministerial. Las y los denunciantes señalaron además, que los gobiernos de Hidalgo y Veracruz son responsables por omisión, ya que no han investigado los casos ni ha sancionado a los responsables directos de los asesinatos, a pesar de que existe una recomendación de 1997 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Es importante mencionar que además de las ejecuciones extrajudiciales, las y los activistas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso y tortura.