*Opinión
Por Meyatzin Velasco/Centro Prodh
México, DF, 21 de julio de 2014. Desde hace seis años, cada 22 de julio, activistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de la tierra y el territorio a lo largo de toda América Latina, convocan conjuntamente al Día Mundial Contra la Megaminería Tóxica. Esta iniciativa, que tuvo sus orígenes en 2009 cuando activistas mexicanos y canadienses (encabezados por el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier debido a los logros que a nivel legal habían obtenido contra la empresa trasnacional canadiense New Gold y que fueron ignorados por todos los niveles de gobierno mexicano La Jornada 21/07/12) tiene como objetivo principal visibilizar los daños que esta actividad económica deja a su paso.
La minería a cielo abierto es una de las técnicas extractivas más contaminantes que el hombre haya desarrollado: a su paso destruye ecosistemas, acaba con bosques, suelos; contamina el aire y el agua (superficial y subterránea), y las consecuencias perduran por décadas, incluso después de que la explotación del minera haya concluido. Cuando las empresas tienen frente a sí la resistencia de los habitantes de las comunidades en donde quieren instalar este tipo de proyectos, la respuesta ha sido en la mayoría de los casos, soborno a funcionarios, criminalización, amenazas y ejecuciones extrajudiciales de las y los defensores comunitarios.
En México, las concesiones que otorga el gobierno a empresas nacionales y extranjeras son por 50 años, de acuerdo a información recabada por el semanario Contralínea, al final del gobierno de Felipe Calderón se registraron alrededor de 31 mil concesiones mineras para empresas trasnacionales. En los dos últimos años de su sexenio, la cifra se incrementó en 5 mil 7 autorizaciones para explorar y explotar los recursos minerales del país, como el oro y la plata, si hacemos una lectura, estas cifras, podríamos decir que alrededor del 40 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado.
Por otro lado, debido a la forma en que son otorgados estos permisos, uno de los derechos que más se violenta es el de la consulta libre, previa e informada, ya que no se toma en cuenta ni respetan las decisiones de los pueblos que se verían afectados por la instalación de una mina en su territorio. Estas acciones incluso se dan, a pesar de que el Estado mexicano ha firmado y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta circunstancia ha generado, además de las consecuencias ambientales mencionadas, división y conflictos comunitarios a lo largo de toda la región: de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en dicha región se tienen documentados al menos 206 conflictos en 17 países de la región, de los cuales 34 tiene lugar en México.
En este contexto poco alentador, el esfuerzo que organizaciones sociales y pueblos realizan cada año para articularse y generar actividades pacificas recobra una gran importancia, ya que uno los principales problemas con los que se enfrentan estas resistencias, está la falta de difusión de sus luchas más allá de su espacio regional, que muchas veces son únicamente mostradas al resto del país como “conflictos internos”, intentando así, desvirtuar el trabajo de organización que se realiza por la defensa de la tierra y el territorio.
De igual manera, otro factor importante de los trabajos que se realizan en el contexto del Día Mundial contra la Megaminería está el poder romper el cerco de desinformación que prevalece en un amplio sector de la población sobre las consecuencias de estos proyectos, las cuales no sólo son en los territorios donde se desarrollan sino que el equilibrio general de los bienes naturales, en el que todas y todos somos responsables.