*OSC expondrán incumplimientos de recomendaciones en 2006; la visita se da en un contexto de incremento de violencia contra las mujeres
México, DF, 8 de julio. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, de derechos humanos, defensoras de derechos humanos y mujeres sobrevivientes de violencia, se reunirán el 9 y 10 de julio, con la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sra. Rashida Manjoo, durante su visita no oficial a nuestro país.
Entre las organizaciones que participan se encuentran JASS, Centro Prodh, Cadhac, Tlachinollan, Fundar, Cimac, Red TDT, Gire, CDD, CMDPDH, entre otras.
A la visita no oficial de la Relatora, se une la experta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, Alda Facio; y frente a las dos expertas se expondrán los rezagos en materia de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país y el trabajo que las organizaciones de la sociedad han llevado a cabo luego de la última visita de la relatora y posterior publicación de su informe Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México, del 13 de enero del 2006.
En dicho informe, se señala que “la violencia contra la mujer en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género.”
Asimismo, el informe destaca que los altos niveles de violencia contra la mujer son al mismo tiempo consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género que se vinculan con otras formas de discriminación como el origen nacional, etnia o condición socioeconómica que van asociados a una falta de acceso equitativo a la protección del Estado, por lo que algunos grupos de mujeres – sobre todo las migrantes, quienes viven en condiciones de pobreza y las indígenas –son particularmente más vulnerables a la violencia.
Por lo anterior, entre las medidas que la relatora solicitó adoptar al Estado mexicano para revertir esta situación destacaron: Poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos contra las mujeres; Investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en el Estado de Chihuahua; Prestar servicios de protección y apoyo; Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género; Reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de la mujer; y Promover programas operaciones, de capacitación y de sensibilización.
Sin embrago, tras 8 años de publicarse este informe, si bien se han adoptado algunas reformas en materia legislativa, éstas no han redundado en cambios estructurales, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción, en favor de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia. Ejemplo de ello es el incremento de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y tipos, que van de la mano de la impunidad.
En este contexto, sectores específicos de la población como son las mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, campesinas, privadas de su libertad, niñas, con discapacidad, adultas mayores, desplazadas, siguen siendo las más afectadas, situación que se agrava respecto de las mujeres que viven en condiciones de pobreza. A ello, se suman las agresiones y criminalización del trabajo de las defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas a través de ataques directos, campañas de difamación y uso excesivo de la fuerza policial en su contra.
Igualmente, continúan registrándose feminicidio y otros ataques violentos contra las mujeres los cuales se han agravado en algunos estados de la república; las desapariciones y las formas contemporáneas de esclavitud contra las mujeres y las niñas persisten.
Frente a este panorama, más de 30 organizaciones brindarán insumos a las expertas, lo cual permitirá conocer el estado de avance e incumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe de 2006. Asimismo, se insistirá al Gobierno mexicano en la urgencia de adoptar medidas y políticas integrales que contrarresten la violencia estructural contra las mujeres. La visita de ambas expertas es un llamado directo a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que asuman con seriedad las violencias y violaciones a derechos humanos contra las mujeres que tanto laceran a nuestra sociedad.