*Reiteradamente han sido agredidos: Fray Tomás González, Rubén Figueroa, Alejandro Solalinde y José Ramón Verdugo
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 8 de julio. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT) informó que entre 2011 y 2013, en México se registraron 409 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, entre las que destacan amenazas verbales y de muerte; detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamiento, y asesinato, en 27 de los casos (16 hombres y 11 mujeres); siendo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, DF, Coahuila y Puebla, donde más agresiones se perpetraron.
El informe El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013, presentado recientemente por la Red da muestra del “contexto represivo y limitado para ejercer el derecho a defender los derechos humanos” en nuestro país, ya que, aunque el Estado tiene la obligación de garantizarlo, en la práctica, el gobierno genera políticas públicas que lejos de proteger, persiguen y criminalizan a las y los defensores.
Tal es el caso de las personas que brindan asistencia humanitaria a las y los migrantes (principalmente de Centroamérica) que pasan por territorio mexicano. Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante del Saltillo (albergue que desde 2009 ha sido blanco de amenazas, hostigamiento allanamiento y agresiones tanto a instalaciones como a integrantes), declaró en la presentación del informe, que las y los migrantes son un sector vulnerable que, al ser reclutado por el crimen organizado, genera cuantiosas ganancias, ya que son sometidos a trabajos forzados o son secuestrados y/o extorsionados.
En este sentido, el director del albergue precisó que las y los migrantes siempre han sido protegidos por centros de atención humanitaria —quienes en un inicio no se concebían como defensores de derechos humanos, aunque lo fueran— y que, al atender a las personas en tránsito, de cierta forma “quitaban dinero a la delincuencia organizada”: “La asistencia humanitaria hace mella en los intereses económicos de los cárteles y el crimen organizado (…) Por esa razón se han incrementado las agresiones en contra de defensores de migrantes”, advirtió.
En la ruta migrante, los albergues representan un lugar seguro, pues las personas pueden ser asesoradas “para saber qué hacer en los casos de violación a sus derechos”. En este sentido, lucran con la necesidad de las y los migrantes, “los albergues y refugios representan un impedimento para sus objetivos, por lo que buscan su cierre para dejar a los migrantes en indefensión”, precisa el informe.
Tal es el caso del refugio para migrantes ubicado en Lechería, Estado de México: En 2011, un migrante informó a la directora, Guadalupe Calzada, que un desconocido le había mandado a decir que quemaría el albergue y que mataría a las y los migrantes, “se cree que la amenaza procede de bandas de traficantes de personas que actúan en la zona y que consideran que el refugio amenaza sus actividades delictivas”, plantea el informe de la Red. Un año después, habitantes de Tultitlán, Estado de México, clausuraron simbólicamente el Albergue para Migrantes San Juan Diego, ya que aseguraban había problemas de drogas, narcotráfico y violencia; por lo que tuvo que cerrar definitivamente.
Asimismo, las y los integrantes del Albergue La 72, en Tabasco, han sufrido diversas agresiones, que van desde el intento de secuestro de migrantes hasta la infiltración de policías judiciales a sus instalaciones y las amenaza de muerte, llevándoles incluso a tener medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las detenciones arbitrarias y allanamientos son agresiones constantes en contra de defensores de migrantes: Integrantes del Albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca y del Centro de Derechos Humanos del Usumascinta, en Tabasco, fueron detenidos arbitrariamente por policías en supuestos “operativos contra la delincuencia organizada”. Asimismo, las instalaciones del Albergue para Migrantes Todo por Ellos, en Chiapas y la Casa del Migrante de Tijuana, en Baja California, han sido allanadas sin orden judicial por policías estatales.
La RedTDT señaló en su informe que las y los defensores continuarán brindando asistencia mientras el gobierno siga permitiendo que se cometan violaciones a los derechos humanos. Es importante señalar que, en lo que va del año 2014 ha aumentado el tránsito de migrantes provenientes de Centroamérica, especialmente de niñas y niños, y en consecuencia también los ataques, agresiones y amenazas contra defensores como Fray Tomás González, Fray Aurelio Montero, Rubén Figueroa, Alejandro Solalinde y José Ramón Verdugo Sánchez.