*RedTDT informó que defensores comunitarios son perseguidos y criminalizados por su lucha
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 7 de julio. Entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas (que históricamente han sufrido desigualdad y exclusión), se han visto afectadas por la imposición de megaproyectos en sus tierras y junto con ellos, las y los defensores comunitarios y de pueblos indígenas han sido víctimas de múltiples agresiones por su lucha.
En dichos estados, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT) documentó cerca de 20 casos de agresiones, únicamente entre 2011 y 2013.
El informe El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013, que fue presentado la semana pasada, precisa que cada año aumentan las agresiones y la intensidad de éstas y que en ese lapso de tiempo, 27 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados: en casi la mitad de los casos, el móvil del crimen se presume fue la lucha por la defensa de la tierra y el territorio y de los derechos de los pueblos, ya sea por organizaciones, colectivos o activistas en contra de empresas con aquiescencia del Estado.
Basta con recordar los asesinatos de defensores y activistas como Herón Sixto López, (Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas), Noé Vázquez Ortiz (Colectivo Defensa Verde, Naturaleza por Siempre), Bernardo Méndez Vázquez (Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán), Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica (Organización Popular de Productores de la Costa), por mencionar sólo algunos.
Las y los defensores también han sido constantemente víctimas de amenazas tanto verbales como de muerte y de agresiones físicas: Entre 2011 y 2013, la RedTDT tuvo conocimiento de casi 150 agresiones de estos tipos en nuestro país. En el caso de defensores comunitarios y de pueblos indígenas, destacan el del coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Vidulfo Rosales Sierra o el de Alba Cruz Ramos, directora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CódigoDH), quienes en reiteradas ocasiones han sido amenazados por su labor de defensa en Guerrero y Oaxaca, respectivamente.
Las detenciones arbitrarias, la intimidación y el hostigamiento son también una forma de criminalizar y tratar de reprimir a las personas defensoras. El citado informe de la RedTDT documentó casi 90 actos de estos tipos en contra de defensores: Por ejemplo, está el constante hostigamiento del que ha sido víctima el defensor del Estado de México, Jorge Arzave Orihuela por parte de presuntos elementos de seguridad pública y de supuestos miembros del crimen organizado o las detenciones arbitrarias de líderes sociales opositores a megaproyectos en diversas regiones del país.
En este sentido, la RedTDT ha denunciado que el Estado mexicano, aunque ha firmado y ratificado instrumentos para protección de las y los defensores de derechos humanos, estos “no se observan como eje transversales en los marcos normativos, reformas legislativas, políticas públicas, estrategias de seguridad pública, acciones para atender las problemáticas económicas y sociales o en el funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia”.
Finalmente, la Red señaló que las actividades de las personas defensoras continuarán mientras el gobierno siga permitiendo que se cometan violaciones a los derechos humanos y que, para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe no sólo dejar de entrometerse en las labores de las personas defensoras sino también crear entornos sociales e institucionales adecuados para la realización de sus actividades.