*En Chiapas documentaron 17 casos de tortura en un año; lamenta fallas en el sistema de justicia estatal
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 30 de junio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC (Frayba) presentó su informe La Tortura, mecanismo de terror. Informe Especial sobre Tortura en Chiapas en el que documentó 17 casos de tortura por parte de agentes del Estado contra personas detenidas durante el periodo de marzo de 2013 a marzo de 2014: las víctimas fueron 14 hombres, entre los que figura un menor de edad y tres mujeres; de éstas fallecieron dos personas.
El documento advierte que los actos de tortura se han dado en un contexto en el que el gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado reformas constitucionales que permiten restringir derechos a la población y legalizar prácticas violatorias de derechos humanos, como el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas y la criminalización y desacreditando de quienes se organizan y defienden los derechos humanos.
El informe señala que la tortura es utilizada como forma de castigo para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno; y que el Estado es responsable por acción, pero también por omisión, ya que, ante los casos de tortura, las autoridades minimizan las denuncias y las tipifican como delitos menores, lesiones y abuso de autoridad, es decir, como faltas administrativas. Además, el Frayba lamentó que en Chiapas exista un sistema de justicia incapaz de otorgar protección y apoyo a las víctimas sobrevivientes de tortura.
Asimismo, menciona que las autoridades encargadas de acreditar si existió tortura o no mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, son las mismas en donde se encuentran los perpetradores del crimen. Agrega también que en los casos en que se han realizado peritajes físicos y psicológicos independientes, éstos no son admitidos como prueba para acreditar la tortura.
El Centro Frayba denunció que aunque el gobierno mexicano ha señalado que está generando políticas públicas para disminuir estos crímenes de lesa humanidad, “eliminar la tortura no es sólo construir otras instituciones y tampoco es el único problema, sino que se trata de una transformación cultural de respeto a la dignidad del ser humano ante un sistema judicial”, precisa el informe.
El documento señala que los principales perpetradores de estos tratos crueles en el estado de Chiapas son militares que realizan labores de seguridad, funcionarios y médicos legistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), policías municipales así como autoridades comunitarias tradicionales y civiles con anuencia de agentes del Estado.
Finalmente, el Centro Frayba señaló en su informe, que instancias y organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), entre otros; han externado al gobierno su preocupación por la aplicación de la tortura en nuestro país así como la falta de investigación y sanción a los agentes del Estado responsables.