*Concluye que hay ejecuciones e impunidad; la estrategia se debe enfocar en el Estado de Derecho, no la militarización
Por Área Internacional/Centro Prodh
México, DF, 10 de junio. Mañana, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, presentará el informe que contiene sus observaciones y conclusiones tras la misión oficial que realizó a México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, misma que incluyó visitas a los estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal, así como reuniones con personas afectadas de Tamaulipas y Coahuila.
En su informe, el Relator concluye que el derecho a la vida es violada a grados “intolerables” en nuestro país, y que el cambio de discurso gubernamental en el presente sexenio en el sentido de hablar menos de la violencia, no cambia esta realidad.
Conclusiones y recomendaciones del Relator
El Relator hace un llamado al Estado para que las tareas de seguridad pública sean realizadas por autoridades civiles que cuenten con directrices claras sobre el uso de la fuerza, no por las fuerzas armadas. Resalta que entre 2006 y abril de 2013, tres de cada cuatro recomendaciones emitidas por la CNDH en relación a violaciones al derecho a la vida, se dirigieron a la Sedena o la Marina.
Para el Relator, la militarización de la seguridad pública no es una respuesta eficaz ante la ola de violencia que vive el país; al contrario, lo que urge es fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en lo tocante a la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos. Ello, tomando en cuenta que no solamente el crimen organizado sino agentes del Estado son responsables por las “generalizadas” ejecuciones en México.
En materia de justicia, el Relator Heyns pone particular énfasis en la impunidad “sistémica” y en las deficiencias en las investigaciones penales. Expresa su alarma sobre la práctica de encarcelar a personas inocentes en vez de sancionar a los verdaderos responsables de homicidios, recordando que el uso de “chivos expiatorios” pone en entredicho todo el sistema de justicia penal. En este sentido, se refiere al caso de Israel Arzate, quien fue vinculado a proceso con base únicamente en una confesión falsa obtenida bajo tortura (y liberado por la Suprema Corte al constatar la falta de prueba alguna en su contra), así como a la tendencia de fabricar culpables entre los grupos sociales más discriminados, como son las personas migrantes, indígenas y de escasos recursos económicos.
El Relator recuerda la obligación del Estado de investigar y sancionar tanto los homicidios y ejecuciones cometidas hoy, como los crímenes de Estado de décadas pasadas. Menciona la ejecución extrajudicial de Diego Lucero como un ejemplo “particularmente alarmante” de la impunidad total en la que permanecen las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
El informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado mexicano, incluyendo la creación de un instituto forense nacional independiente, cuyos expertos y expertas realicen peritajes y trabajo forense a solicitud de todas las partes en los procesos penales, de los organismos públicos de derechos humanos y del público; la creación de un “corredor seguro” para personas transmigrantes en su paso por el país; y que México retire su declaración interpretativa a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, para reconocer que tales delitos son imprescriptibles sin importar cuándo fueran cometidos.
Comentarios escritos del Estado mexicano
La reacción inicial del Estado mexicano al informe del Relator también se encuentra disponible al público. En el documento de comentarios presentado, el Estado hace referencia a algunas iniciativas y reformas legislativas relevantes a las recomendaciones formuladas por el Relator.
Por otro lado, en el tema toral de militarización de la seguridad pública, la respuesta contiene afirmaciones preocupantes, entre otras, que las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se hayan dado “respetando en todo momento los derechos humanos de la población” y “han tenido buenos resultados en algunas entidades… como Chihuahua y Tamaulipas”.
Otras de las observaciones del Estado tienen que ver con los términos empleados por el Relator en su informe, hasta sugerir que el Relator, en vez de referirse al “Presidente Peña Nieto”, utilice “el nombre completo del C. Presidente de la República”, es decir, “el Presidente Enrique Peña Nieto”.
Sin embargo, es importante recordar que el documento entregado por el Estado constituye sólo sus comentarios iniciales al texto del informe, y no una respuesta integral a todas las recomendaciones contenidas en la misma. Ahora corresponde al Estado analizar seriamente y adoptar acciones concretas destinadas a cumplir estas recomendaciones, con el fin de revertir la prolongada crisis humanitaria y de violaciones al derecho a la vida que vive el país.