*Centro Prodh hace un llamado para cumplir la Constitución y los instrumentos internacionales
México, DF, 9 de junio. Hoy se cumplen tres años de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que trasformó el sistema de protección de derechos humanos (DH) y que representó el cambio constitucional más importante en décadas para la protección de los derechos fundamentales.
Al respecto el Centro Prodh señaló, que a tres años hay retos significativos para su debida implementación y vigencia. “Vemos con preocupación la resistencia sistemática de Poder Judicial a juzgar con una perspectiva que incorpore los más altos estándares de derechos humanos. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y las de fuente constitucional conforman una red de derechos que están al mismo nivel sin relación de jerarquía. Este criterio no ha permeado a una gran mayoría de los operadores judiciales y que, lejos de ello, se niegan a implementar la reforma en sus competencias y jurisdicciones”.
Mencionaron que en el caso de Claudia Medina Tamariz, caso acompañado por el Centro Prodh y por Amnistía Internacional, el Poder Judicial de la Federación ha sido renuente a atender a sus obligaciones en torno a la tortura. Ello a pesar de que es evidente su vinculación con la única prueba originada en este marco de ilicitud y de violaciones a sus derechos humanos.
Asimismo, a la organización le preocupa que desde el Poder Legislativo se intente acotar y desnaturalizar el alcance de la reforma, ya que diversas iniciativas han buscado introducir una jerarquía entre constitución y tratados internacionales de derechos humanos, en una pretensión regresiva de la reforma; o bien acotar la interpretación judicial respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Por otra parte, el Centro Prodh señaló que no se ha legislado sobre la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, lo que implica procesos extenuantes para las víctimas que como Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, que tuvieron que esperar seis años para lograr una reparación insuficiente, que aún hoy el Ejecutivo se niega a cumplir.
Cabe recordar que la reforma de derechos humanos de 2011 modificó 11 artículos de la Carta Magna y transformó la esencia de la Constitución, al reconocer los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo, estableció la obligación de todas las autoridades del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.
El Centro Prodh hizo un llamado a las y los juzgadores a respetar y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y con ello cumplir con los ordenamientos constitucionales y los contenidos en los instrumentos internacionales. “Queremos confiar en su compromiso con los más altos estándares que son el complemento perfecto de la ‘autonomía judicial’. Sólo en un país donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos –tarea primordial de los jueces, magistrados y ministros–, podremos percibir que en verdad comenzamos a caminar hacia el respeto y la justicia”, finalizó el comunicado.