Por Luis Eliud Tapia Olivares (@eliudtapia) | Opinión
Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena hñähñú (otomí) fue pionera en exhibir ante la opinión pública, las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia en México que discrimina a las personas por ser pobres e indígenas. Hoy también es pionera en trazar el camino para que personas que fueron víctimas de este sistema penal que fabrica culpables como le sucedió a ella, sean reparadas.
Resulta paradójico que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –sí, un tribunal que resuelve asuntos que pareciera que no tienen nada que ver con derechos humanos–, el que reconozca que todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a prevenir, garantizar, respetar y reparar violaciones derechos humanos tal como prescribe el artículo 1º de la Constitución Federal. Dichos deberes además son oficiosos, es decir, la autoridad debe actuar con independencia del seguimiento que hagan las víctimas de los procesos.
No es menor esta resolución, pues permite que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado. La importancia del caso de Jacinta es que al sumarse al ya resuelto para sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sienta jurisprudencia para la reparación del daño. Con ello la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se convierte, a través del TFJFA en un instrumento para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en términos de reparaciones a violaciones a derechos humanos.
Ahora bien, el TFJFA ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que repare el daño a Jacinta Francisco Marcial por los daños materiales y morales que le causaron autoridades pertenecientes a dicha dependencia. Asimismo, el Tribunal fue claro en señalar que la PGR debe disculparse públicamente ante Jacinta, por los mismos medios que ocupó para exhibirla como una peligrosa delincuente.
Debe precisarse además que debido a que el 20 de noviembre pasado el mismo Tribunal falló a favor de Alberta Alcántara y Teresa González prácticamente en los mismos términos que lo hizo hoy, la sentencia emitida a favor de Jacinta constituye jurisprudencia en relación a la reparación del daño a favor de personas injustamente encarceladas, por lo que todos los tribunales administrativos federales del país se encuentran obligados a aplicarla.
Finalmente, es importante indicar que ahora la pelota está del lado de la PGR, es decir, se encuentra constreñida a acatar la sentencia en sus términos y cerrar la brecha que existe entre el discurso proveniente del gobierno mexicano que pregona reparar violaciones a derechos humanos y la verdadera aplicación de tal discurso a la realidad.
En este sentido cabe recordar que el mismo procurador ha tenido expresiones públicas recientes en las que ha reconocido que “de nada sirve que exista un nuevo sistema penal, ni que se construyan edificios, laboratorios, patrullas, camionetas, si todavía existen funcionarios que no cambian una mentalidad y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos que derivan en situaciones molestas e injustas”.
Por ello esperaríamos que la PGR tuviera un gesto en favor de la ciudadanía y los derechos humanos al evitar presentar un recurso dilatorio en un caso tan evidente de injusticia como el de Jacinta.
Por parte del Centro Prodh no nos queda más que expresar nuestro agradecimiento a Jacinta y su familia por la confianza depositada. Cabe destacar que los primeros que defendieron los derechos de Jacinta fueron sus familiares, quienes nunca la abandonaron y todo el tiempo –incluso en las circunstancias más difíciles– reivindicaron su inocencia y lucharon por su libertad. Ese es el ejemplo que inspira nuestro trabajo diario.
*Este texto fue publicado inicialmente en la sección de Opinión de La Silla Rota