México, DF, 28 mayo. En una decisión histórica ayer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con ocho votos a favor y dos en contra, emitió una sentencia favorable para Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena hñähñú (otomí), en un caso donde estaba en juego la reparación del daño, luego que en 2006 fuera acusada injustamente de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Dicha decisión además constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país.
El Pleno ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño material (indemnización por el tiempo que dejó de trabajar) y moral (por haberla acusado y exhibido por un delito que no cometió), así como reconocer públicamente su inocencia.
La PGR está obligada a acatar la sentencia en sus términos para cumplir con sus deberes derivados del artículo 1º Constitucional. Hacerlo de otro modo sería leído como una revictimización contra Jacinta puesto que implicaría negar su incuestionable inocencia.
El TFJFA precisó que no se mencionarían los montos de la indemnización para cumplir con lo que indica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además, la sentencia se emitirá en formato de lectura fácil, para salvaguardar los derechos de acceso a la justicia.
El mensaje que envió el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado.
En 2006 Jacinta, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, fueron acusadas de manera injusta por presuntamente haber secuestrado a seis elementos de la AFI en el estado de Querétaro. Cabe destacar que las mujeres indígenas hñähñú fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.