*La desaparición forzada es un tema vigente que permanece en impunidad y a la sombra
México, DF, 26 de mayo. En el contexto de la semana de las personas detenidas y desaparecidas, la Fundación Diego Lucero hizo un llamado urgente para que se legisle en materia de desaparición forzada, tanto en el ámbito federal como en las 32 entidades del país, esto de de acuerdo a los más altos estándares del derecho internacional humanitario, tal y como lo establece la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Rosendo Radilla.
Es un compromiso para la Fundación insistir en que la verdad histórica, en la que se han logrado avances significativos, se convierta en verdad jurídica y se conozca el destino de las personas detenidas – desaparecidas, se reivindique su memoria como luchadores sociales; se castigue a los culpables de delitos de lesa humanidad; se resarza integralmente el daño causado a familiares, a la comunidad y a la sociedad; y se establezcan políticas públicas que generen condiciones que eviten la repetición.
En México, en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la verdad y justicia para las más de mil 300 víctimas del delito de lesa humanidad durante la llamada “guerra sucia”, que la Fundación Diego Lucero llama terrorismo de Estado, a lo que se suma el enorme número de personas que en los últimos años han sido víctimas de desaparición forzada.
La Fundación recordó que la desaparición forzada es un tema vigente, pero que permanece en la impunidad y en la sombra, ya que en los últimos años han sido detenidos desaparecidos luchadores sociales y defensores de derechos humanos, entre los que destacan: las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez; Lauro Juárez, indígena chatino; los militantes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, así como el integrante de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes.
Dicha situación se ha agravado, pues a la sombra de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, a las decenas de miles de personas ejecutadas, se suman alrededor de 26 mil desaparecidos, en donde las autoridades “simplemente aducen” que se trata de “levantones” del crimen organizado.
El delito de desaparición forzada es considerado en la doctrina internacional como de lesa humanidad, porque se perpetra con todas las ventajas que da el poder y no se limita a combatir la insurgencia o a cumplir otros objetivos –“guerra” contra algunos cárteles del narcotráfico, “limpieza social”-, sino que se propone aterrorizar a la población entera de una región o de una nación.
De acuerdo con la Fundación, esta “aberrante práctica”, que en México tiene sus raíces en la política del Estado en contra de opositores políticos y movimientos sociales, la cual no es cosa del pasado porque el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad permanece mientras no se conozca el destino de las y los desaparecidos.
Desde hace más de tres décadas la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), lleva a cabo en la última semana del mes de mayo jornadas de lucha en las que se demanda la presentación de las más de 100 mil personas que en América Latina han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.
Casos de desaparición forzada que acompañan
Luego de que en 2006 el gobierno panista desapareciera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Fundación Diego Lucero, junto con familiares y con el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, varios casos entre ellos los de la familia Guzmán Cruz, José Luis Flores Cruz, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas. La mayor parte de ellos detenidos por fuerzas policíacas y militares en julio de 1974.
También coadyuvaron en la denuncia de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, ocurrida el 16 de enero de 1972; y en la de la detención desaparición, en 1975, de David Jiménez Fragoso, padre de David y Carlos Jiménez Sarmiento, el primero de ellos dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el segundo asesinado por la policía política después de la Amnistía de 1979. También colaboraron en el caso de Alicia de los Ríos, víctima de desaparición forzada el 5 de enero de 1978.