*Opinión | Andrés Díaz Fernández | La lucha cotidiana de los DH
México, DF. Fueron tantas fallas juntas que difícilmente podemos hablar de errores. Tantas fallas, tantos errores sólo son la manifestación bruta de un sistema de justicia paradójicamente injusto, podrido, pero que también reflejala lógica social, pues ahí es donde se origina. El caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, es una muestra clara de ello.
Su caso jamás se trató de una situación “aislada” como quisieron recomponer las autoridades mexicanas. Jacinta, Alberta y Teresa fueron encarceladas por más de tres años por el hecho de ser mujeres –en un sistema patriarcal–, indígenas –en un sistema racista–, y pobres –en un sistema estratificador. Cada una de estas causales de discriminación fueron evidentes en varios pasajes del presente caso, que dista mucho de ser el único con estos elementos.
Recordando, a estas mujeres hñäñhús se les acusó de ser “peligrosas secuestradoras” de seis agentes federales de investigación, tras el supuesto “decomiso de mercancías apócrifas” que estos realizaban en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco en Querétaro, mismo que fue motivado por una “llamada anónima”. Pero con la documentación del caso pudimos advertir que nunca hubo tal secuestro, tampoco un operativo de decomiso, ni mucho menos alguna llamada anónima. Lo que pasó ahí fue el abuso de autoridad de seis AFI que, cobijados por el manto de impunidad histórico otorgado generalmente a los funcionarios públicos, intentaron extorsionar a los tianguistas del pueblo.
Gracias a la solidaridad que en la comunidad despertó la evidente injusticia, los AFI y sus superiores jerárquicos fraguaron un plan para castigar ejemplarmente a los habitantes de Santiago Mexquititlán, por lo que en la noche del mismo día 26 de marzo de 2006 materializaron su confabulación en contra de estas tres mujeres. Después siguió el calvario que todo acusado en este país enfrenta: el proceso penal. Un Juez Cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza Longi, palomeó todos los requisitos para una consignación por parte del ministerio público y se manifestó como titular de un órgano jurisdiccional de consigna, en donde siempre prevaleció la presunción de culpabilidad.
Pero este actuar también tiene una lógica. Cuando íbamos al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro podíamos observar en las puertas de los juzgados unos carteles en donde el Poder Judicial de la Federación presumía sus logros en sentencias condenatorias; logros numéricos. Se trata de la utilización de la herramienta estadística para darle a la población elementos para pensar que “se está actuando” en contra de los delitos más graves, como el secuestro.
Mientras el caso “nadaba de muertito” en las olas del circo judicial, Estela, la hija de Jacinta, y su padre, Don Memo, llegaron a contactarse con miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, en Querétaro quien los canalizó finalmente al Centro Prodh. Ahí empezó el acercamiento, el conocer la historia y el integrarnos a su familia. El caso tuvo que ser posicionado en la opinión pública y la presión social, ante la evidente injusticia, presionó a la PGR a emitir conclusiones de no acusación en el caso de Jacinta en septiembre de 2009; no así para Alberta y Teresa que tras ser nuevamente condenadas a 21 años de prisión, fueron absueltas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2010.
Pero no todo acaba ahí. La reinserción a la comunidad de Santiago Mexquititlán fue muy complicada. Los habitantes observaban la imagen de sus vecinas en la televisión y en los diarios pero no entendían bien lo que pasaba. La imagen continua de Jacinta tras las rejas de la prisión no era una imagen sencilla de procesar; ¿a quién no le pasa por la cabeza que esos barrotes están destinados a anteponerse a la imagen de los delincuentes más temerosos? No, en México no.
En México es posible que una madre de familia, vendedora de aguas frescas y señora risueña con un gran corazón sea vista y exhibida como peligrosa criminal. En México es posible que los delincuentes que cometen delitos en contra de la población, los que utilizan las leyes para interpretarlas a modo de sus perversos intereses, y quienes utilizan armas de ataque más que de defensa, estén ataviados con uniformes oficiales, de policías, de marinos, de militares, de ministerio público, de directores de área… y pare usted de contar.
Por eso, es necesario que existan los mecanismos de reparación del daño, que se ofrezcan disculpas públicas y que se destruya esta racha de impunidad, desde la raíz. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene nuevamente esa oportunidad al resolver próximamente el caso de la reparación. Y la PGR también tiene esa oportunidad, si decide quitar su narcisismo gubernamental y reconocer su responsabilidad.
Fueron tantas fallas juntas que crearon un sistema injusto. ¿Será posible que el Estado les vuelva a fallar a estas mujeres?