*Opinión
Por Andrés Díaz Fernández | Presunción de Inocencia
México, D.F.- No hay en México mecanismos efectivos para reparar el daño a las personas acusadas injustamente de delitos y que permanecieron en «prisión preventiva». Alguien puede pasar uno, tres, cinco, diez o veinte años en prisión y después ser absuelto y ni siquiera se materializa por parte del Estado la frase «usted disculpe».
Esto obedece a políticas públicas que criminalizan la pobreza, la pertenencia a un pueblo originario, el género, la juventud y hasta la reivindicación de derechos, aparte de que no han sido regulados la «reparación del daño» para la autoridad investigadora ?y en muchos fabricadora? de los delitos ni el «error judicial».
Las políticas de criminalización, discriminación social y castigo arbitrario utilizando los códigos penales provocan que los centros penitenciarios estén llenos de personas inocentes. De vez en cuando la justicia llega para algunas de ellas, quienes no obstante, después de pasar por tantas penurias en el proceso penal y en la prisión, no quieren saber «nada de nada».
En estos casos, paradójicamente, aunque la justicia está de su lado, su aplicación no, lo cual reproduce el ciclo de impunidad donde confluyen políticas criminalizantes, fabricación de delitos, autoridades corruptas, nulas garantías procedimentales y los colmillos de abogados que se aprovechan de la indefensión de dichas personas.
Para cortar esta cadena de impunidad e incidir en la política pública que la propicia es necesario que los servidores públicos sean sancionados, como una acción más dirigida al Estado mismo que a ellos individualmente, considerando que existe una cadena de mando que permite su actuar indebido.
Al respecto, las mujeres hñäñhú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, asistidas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron una reclamación por reparación del daño. Con base en la no tan vieja Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado buscan que el Estado asuma el costo de los daños que les produjo al mantenerlas en prisión más de tres años, siendo inocentes.
Después de que la Procuraduría General de la República (PGR), como primera instancia de la reclamación, negara tener responsabilidad, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) resolvió el juicio de nulidad condenando a esa institución a reparar los daños patrimoniales (por lo que ellas dejaron de percibir mientras estaban presas) y morales (por los daños psico-emocionales sufridos), aparte de obligarle a disculparse públicamente por los mismos medios por los cuales las exhibió como temibles secuestradoras de policías en 2006.
Sin embargo la PGR, cuya consigna es reclamar y combatir todos los procesos en su contra aun cuando sabe que no tiene la razón, se niega a cumplir dicha resolución y reparar los daños a Jacinta, Alberta y Teresa. Recurre para ello a los mismos argumentos de la averiguación previa de los cuales se desistió y que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara como medios no fehacientes de prueba ?por contener datos inverosímiles.
Hoy se espera que el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados de circuito, confirme la sentencia del TFJFA contra la PGR, con lo cual se establecería un importante precedente en México para la reparación del daño cuando una persona es acusada, judicializada y privada de libertad por delitos que no cometió.