*Opinión
Por Shaw Drake
México, D.F.- El viernes 2 de mayo de 2014, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, concluyó su visita oficial a México, durante la cual investigó la prevalencia de la tortura y malos tratos en el país. En una conferencia de prensa realizada en una de las sedes de Naciones Unidas en México, el relator comunicó sus conclusiones preliminares sobre la situación que observó a través de visitas a diversos centros de detención, entrevistas con numerosas víctimas y reuniones con funcionarios del Estado.
Las conclusiones preliminares, disponibles aquí,no sólo evidencian que la tortura está “generalizada” a todos los niveles, sino en particular reflejan un sistema de justica que está sistemáticamente fallando en su obligación de proporcionar acceso a la justicia para las víctimas de esta grave violación a derechos humanos y antes bien, se echa mano de la tortura para fabricar acusaciones penales.
Tanto la Constitución como tratados internacionales vinculantes para el Estado, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligan a las autoridades judiciales a garantizar el debido proceso y en particular, que toda persona inculpada se presuma inocente mientras no se establezca su culpabilidad mediante un juicio justo basado en pruebas lícitamente obtenidas. Sin embargo, el relator explica que en México, “el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados a la obtención forzada de confesiones” y “nota con preocupación el elevado número de alegaciones relacionadas con la fabricación de pruebas y la falsa incriminación de personas como consecuencia del uso de la tortura y los malos tratos”.
Y es que lejos de actuar para esclarecer y sancionar los hechos de tortura cometidos contra las personas detenidas, organismos tanto nacionales como internacionales han documentado una y otra vez que el sistema de justicia suele admitir declaraciones obtenidas bajo tortura como pruebas de cargo, con lo cual la tortura socava el derechoa la presunción de inocencia y a un juicio justo.
Las conclusiones preliminares también dan cuenta de la otra cara de esta moneda: un sistema de procuración de justicia plagado de impunidad. El relator expresó su “extrema preocupación sobre la falta de investigaciones efectivas por los delitos [de tortura y malos tratos]”e informó de“la ausencia casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias, lo que conlleva a una persistente impunidad”.
En este sentido, recordamos que el artículo 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratado de Naciones Unidas firmado y ratificado por el Estado mexicano que ahora forma parte del marco normativo constitucional a partir de la reforma en derechos humanos de junio de 2011, establece que “Todo Estado Parte castigará [la tortura] con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.” En México, ni siquiera se llega a la etapa de sentenciar por este delito, puesto que, según observó el relator, aun cuando las investigaciones son iniciadas, son normalmente “extremadamente largas e inconclusas” y en los pocos casos en los que las autoridades judiciales dan vista al Ministerio Público ante una denuncia de tortura, “no suelen darle seguimiento a la investigacion resultando en una mera formalidad”. Para el relator este panorama constituye un “ciclo de impunidad” que está debilitando el sistema de justicia.
Las personas que más sufren en un país que practica la tortura son las víctimas de este abuso y sus familias. Al mismo tiempo, es también de alta importancia recordar que la práctica de la tortura y los malos tratos no sólo afecta a las víctimas directas, sino también destruye la eficacia y la confianza de la sociedad en las instituciones que la deben proteger, al constatar que sigue intacto el ciclo de impunidad y fabricación de culpables.
Como otros órganos internacionales y organizaciones de la sociedad civil mexicana, el relator sobre Tortura ha diagnosticado una grave enfermedad en el sistema de justicia en México: le toca al Estado cambiar sus prácticas y cumplir las recomendaciones de esta y otras instancias de derechos humanos, sanando este sistema encargado de proteger a las y los mexicanos.