Aunque un grupo de manifestantes ha pasado ya ocho días en huelga de hambre frente a la sede de la Procuraduría General de la República en demanda de que se cumplan las órdenes de aprehensión contra los asesinos de las activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, las autoridades federales y estatales siguen responsabilizándose mutuamente.
«No nos vamos a levantar si no hay condiciones o una muestra mínima de que tienen voluntad política para detener a los responsables del asesinato de Bety y Jyri», ocurrido el 27 de abril de 2010, cuando ambos formaban parte de una caravana humanitaria hacia la comunidad triqui de San Juan Copala, que se encontraba ocupada por grupos de hombres armados. La Jornada