OSC rechazan ley que permite la criminalización de protesta social

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*Peña Nieto podría ordenar la suspensión de derechos, si determina “grave peligro o conflicto”

Marcha #EPNvsInternet #ContraElSilencioMX | Foto: César Martínez

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México, D.F.- El día de ayer las comisiones del Senado aprobaron la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para que el Estado de Excepción permita la criminalización de la protesta.

Cada vez que el representante del poder Ejecutivo considere que en todo el país o en un territorio determinado existe un “grave peligro o conflicto” o “un fenómeno social violento” podrá ordenar la suspensión de derechos y garantías, según el dictamen aprobado por unanimidad en Comisiones del Senado.

Ante la aprobación de mencionada Ley, las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazaron la aprobación del dictamen, por considerarla regresiva y ambigua, y con la cual se permitiría la criminalización de la protesta social.

 “Consecuentemente y de nueva cuenta, hacemos un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones, con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general”, apuntaron las organizaciones.

Asimismo, las organizaciones expresaron extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía twitter, en donde reitera que se consultaron a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración de la iniciativa de ley y el dictamen de la misma.

El dictamen —que contempla la iniciativa enviada por Peña Nieto en octubre pasado — fue aprobado en Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos y podrá ser votado en el pleno del Senado antes del próximo 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones para pasar a la Cámara de Diputados.