“Ley Telecom busca inhibir la participación frente a las políticas del Estado”, denuncian OSC

by

*Marchan de Televisa al Senado y exigen un alto a las reformas que criminalizan la protesta y limitan libertad de expresión

Por Olivia Vázquez Herrera

Aspectos de la marcha que se realizó de Televisa al Senado.

Aspectos de la marcha que se realizó de Televisa al Senado.

México, D.F.- Con las consignas “No más poder al poder” y “la democracia no se pide, la democracia se ejerce, la democracia se defiende” cientos de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos marcharon ayer de Televisa Chapultepec hasta la sede del Senado de la República contra la Ley de Telecomunicaciones.

A las organizaciones convocantes se sumaron decenas de colectivos y grupos de estudiantes contra la iniciativa de ley enviada por Enrique Peña Nieto, entre los que se encuentran la ausencia de una regulación efectiva en materia de competencia, exclusión de medios públicos y comunitarios, el peligro para la autonomía editorial de los medios de comunicación, el aplazamiento del apagón analógico y las nuevas cadenas de televisión, la anulación de algunas facultades del Ifetel, afectaciones contra la libertad de expresión en internet y la legalización de la censura y el espionaje, entre otros.

Frente a las y los asistentes, Vladimir Chorny, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales señaló que “la sociedad se reunió en contra de una ley de telecomunicaciones que intenta clausurar todas las redes sociales, que intenta que la gente no sepa qué es lo que pasa”. La llamada “Ley Telecom” “pretende que casi cualquier autoridad sin orden alguna, exija datos de cualquier persona así como su localización en tiempo real, lo que representa una violación a la privacidad y a los derechos de las personas”.

Erik Gutiérrez, de la organización Propuesta Cívica, dijo que hay “más de 16 leyes que están en proceso de aprobación afectan la protesta, como la Ley Antimarchas o ‘Ley Sotomayor’, que exige pedir permiso para realizar una marcha y que establece ciertos horarios para poder manifestarse (…) O como las leyes que consideran aumentar las penas por delitos que se cometan en contexto de marchas”.

En este sentido, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) argumentó que dichas leyes tienen por objeto desincentivar la participación en las calles, la protesta social y las libertades democráticas. Externó su rechazo a la Ley de Telecomunicaciones pues “contiene disposiciones que permiten la criminalización y porque forma parte de un conjunto de iniciativas que buscan inhibir la participación política, la ocupación de las plazas, las expresiones de disenso, de inconformidad y de protesta frente a las políticas del Estado”.

Por otro lado, Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” señaló que desde la llegada de Enrique Peña Nieto al poder “se empezó a identificar la criminalización de la protesta social, no sólo de facto con los operativos excesivos, sino también con la búsqueda de su legalización”.

Asimismo, el defensor precisó que el manifestarse es la respuesta a un Estado autoritario que controla todos los espacios y que no consulta a la sociedad “y que hace una alianza con todos los poderes fácticos de este país y nos está despojando de todas las posibilidades de una vida digna”.

Instó además a la sociedad civil para que continúe documentando y denunciando tanto a nivel nacional como internacional al Estado mexicano por su constante limitación de nuestras libertades y derechos, “como el salir a las calles y tener acceso a las tecnologías de manera libre”, puntualizó.

Bajo la firma #NoMásPoderAlPoder y #ColectivosPorLosMediosSociales, se difundió un comunicado en el que las organizaciones convocantes expresaron que 14 años después de la alternancia, no se han transformado las relaciones de poder ni el nivel de exclusión social, lo cual -afirman- se expresa en la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo Federal, la cual, aseguran, “pretende regresarnos al pasado más autoritario”.

El documento afirma también que “de aprobarse las leyes secundarias que hoy discute el Senado de la República se anularían las libertades conquistadas por la sociedad civil durante las últimas décadas“, además de “estatizar” los medios públicos y “bloquear la aparición de medios sociales y comunitarios”, los cuales “podrían representar verdaderas alternativas en materia de información y contenidos.”

Finalmente, las y los asistentes a la concentración instaron a que no permanezcamos indiferentes ante la lucha por la exigibilidad de nuestros derechos humanos e hicieron un llamado al diálogo entre ciudadanía y organizaciones así como a la difusión de información sobre las reformas constitucionales que afectan a todas y todos, y a seguir manifestándose no sólo en las redes sociales, sino también en las calles.