*Piden al Poder Legislativo, al Ejecutivo y a la CNDH ejercer sus facultades en pro de los derechos humanos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el recién creado “Frente por la libertad de expresión y la protesta social”, presentaron el día de ayer el informe “Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno”, documento que da cuenta del contexto general de las iniciativas y leyes aprobadas en nuestro país. De igual forma, se denuncia “el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social”, expresaron las organizaciones.
En este contexto, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, precisó que nos encontramos ante la voluntad de un Estado “obsesionado por controlar todos los espacios públicos donde se pueda originar la organización social” y que por ello genera iniciativas y leyes que pretenden inhibir, castigar y criminalizar a “la resistencia civil pacífica de las personas frente a las políticas públicas que les afecta directamente”, puntualizó.
Asimismo, expuso que el Frente tiene conocimiento de que la criminalización de la protesta social se da en dos vertientes: una directa, que implica la censura previa al exigir avisar antes de que éstas se lleven; pero también con la disolución de las protestas que se encuentren bloqueando algún edificio de gobierno o plaza pública y/o con la detención de las y los manifestantes y la eliminación de sus garantías individuales. La forma indirecta es a través de las leyes, reglamentos y recientes reformas constitucionales.
En este sentido, Leopoldo Maldonado de Artículo 19 precisó “que el cerco no sólo está en las calles, sino que también está en las redes” que es donde fluye la mayor parte de la información. Prueba de ello es la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que violenta el derecho a la neutralidad de la red mediante la censura previa de ciertos contenidos, así como por la geolocalización —sin necesidad de orden judicial— de cualquier equipo y el bloqueo de señal en movilizaciones, manifestaciones y/o concentraciones, por motivos de “seguridad nacional”.
Por su parte, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) declaró que es necesario reivindicar el derecho a la protesta y al uso de los espacios públicos, pues “estos son propiedad de las y los ciudadanos y no del gobierno” y que es precisamente en ellos donde se deben discutir los asuntos públicos.
Es por ello que las organizaciones hicieron un llamado al Poder Legislativo —tanto federal como locales— y al Ejecutivo para que frenen las iniciativas que violentan derechos humanos y criminalizan la protesta social. Instaron además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como a otros organismos locales, para que ejerzan sus facultades en pro de los derechos humanos. Asimismo, lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen, con la que buscan “informar y concientizar a la sociedad sobre las pretensiones del Estado para limitar la protesta social, a partir de documentos de análisis, gráficos y audiovisuales”.
Las organizaciones que conforman el Frente son: Artículo 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT).