*Se suman al llamado de la sociedad mexicana y urgen por respaldo político desde los altos niveles de gobierno
México, D.F.- Las organizaciones Peace Brigades International, Front Line Defenders, Latin American Working Group y Washington Office on Latin America expresaron mediante un comunicado que las fallas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, podrían poner a las personas defensoras y periodistas en mayor riesgo.
Por lo tanto, las organizaciones instaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), a que tome todas las medidas necesarias para asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz del Mecanismo, así como a garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras y periodistas, cuyos casos están registrados ante el mismo.
En el comunicado se hace un recuento sobre la rotación de las y los funcionario. El 15 de marzo del 2014, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, junto con cuatro funcionarios más renunciaron a sus puestos dentro del Mecanismo. Como resultado de estas renuncias, el Mecanismo perdió un tercio de sus recursos humanos. Los otros cuatro funcionarios renunciaron alegando malas condiciones laborales y un exceso de presión para llevar a cabo sus tareas profesionales.
Como respuesta a las renuncias mencionadas, el 24 de marzo el Consejo Consultivo – espacio que representa a la sociedad civil en las reuniones de la Junta de Gobierno donde se analizan y definen las medidas de protección – canceló su participación en dichas reuniones, considerando que actualmente no existen las condiciones para llevar a cabo este análisis, ni para trabajar asuntos de protección.
Sumándose a lo anterior, las organizaciones internacionales apoyan la decisión del Consejo Consultivo y creen que la ausencia prolongada de un tercio de los recursos humanos, y en particular su titular, paralizan el Mecanismo y demuestran una preocupante falta de respaldo político e institucional por parte del Estado mexicano. Sin la participación del Consejo Consultivo, la sociedad civil ya no se encuentra representada en el Mecanismo tal como lo preveía la Ley.
Por otro lado las organizaciones internacionales apoyaron las demandas de la sociedad civil mexicana y señalaron los problemas identificados desde el 2013; como son el retraso excesivo en el procesamiento de peticiones, ya que desde la puesta en funcionamiento del Mecanismo, 130 peticiones de medidas de protección han sido aceptadas. De estas, solo 41 casos han sido resueltos mientras los otros 89 aún no han sido procesados. Esto significa que 70 por ciento de los casos registrados en el Mecanismo sufren demoras largas cuando son procesados, especialmente en la fase del análisis de riesgo.
También señalaron los obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo, ya que a pesar de contar con 263.9 millones de pesos (US$20.3 millones), no se ha podido acceder a estos recursos debido a procedimientos burocráticos internos que lo impiden.
Asimismo, señalaron los insuficientes esfuerzos para llevar a cabo investigaciones y procesar a perpetradores de agresiones hacia las personas defensoras y periodistas; enfatizaron que no ha sido instalada la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis no ha sido instalad, esto, junto con la frecuente rotación del personal, ha acarreado dificultades para el traspaso de información sobre los casos. En consecuencia las evaluaciones de riesgo no se han realizado adecuadamente.
Señalaron que es necesario un respaldo político institucional desde los más altos niveles de gobierno, para asegurar que la protección de personas defensoras y periodistas sea una prioridad para la actual administración y que el personal operativo del Mecanismo cuente con su apoyo y con la cooperación de otras entidades gubernamentales a la hora de implementar medidas de protección.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes instan a la Segob a que de manera urgente, se nombre un nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos asegurando que la persona seleccionada tenga amplia experiencia laboral en cuestiones de derechos humanos y protección. Asimismo, asegurar que todos los puestos del Mecanismo se nombren en breve y comunicar estos nombramientos a la sociedad civil.
También se pide convocar a una reunión con las organizaciones de la sociedad civil para informarles de los pasos que se están tomando para superar los grandes retos del Mecanismo y publicar un plan de trabajo que detalle acciones concretas para resolver las deficiencias, así como incluir a la sociedad civil en la creación de dicho plan e invitarles a participar de manera activa en cada fase de revisión del proceso.
Por último, piden garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras y periodistas que están en riesgo debido a su legítima labor, y que se encuentran actualmente en una situación de aún más riesgo debido a esta última crisis del Mecanismo de Protección.