*Familia Pasta de Conchos y Cereal presentan informe sobre reciente fallecimiento de 2 mineros
Coahuila.- El pasado 27 de marzo fallecieron los mineros Leonardo Francisco Vargas García, de 19 años de edad y Misael Amaya Ibarra, de 20 años, ambos trabajadores sin experiencia ni capacitación, cayeron al fondo de un «pocito» ubicado camino a Aura, pasando el mineral La Florida, en la región carbonífera del estado de Coahuila. El siniestro se concretó al romperse el desgastado cable del malacate que los descendía. Por lo cual, no se puede, ni se debe calificar como un “accidente de trabajo”, lo que era un riesgo no atendido por la empresa.
Así lo denunció el informe emitido por Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
El pocito ya había sido explotado en terribles condiciones de seguridad e higiene y sin salida de emergencia, ahora, lo convirtieron en la salida de emergencia de un nuevo pocito en explotación y de dos cuevas llamadas “minitas de arrastre”.
El informe señala que la empresa dueña de este pocito es de Refacciones y Materiales de Sabinas S.A. de C.V., propiedad de Luis Alberto Ramírez Enríquez, que comparte la misma concesión, el mismo ingeniero, el mismo encargado de operaciones, y también la misma salida de emergencia, con Minera el Progreso S.A. de C.V. propiedad de Federico Quintanilla, ex alcalde del municipio de Progreso (2006-2009) y en 2010, delegado de Programas Sociales del gobernador Moreira.
Ambas empresas, comparten también un largo historial de negligencia y muerte en ese mismo lote minero, pues de 2010 a 2014 han muerto 10 mineros, sumadas la muerte reciente de Leonardo y Misael.
Durante el último año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) los inspeccionó diez veces a cada uno de los centros de trabajo para que operaran en las mejores condiciones, sabiendo que, una vez que termina cada inspección, vuelven a abandonar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
Minera el Progreso, tiene una cueva con un cañón ciego, es decir, no construyó como lo manda la norma, un cañón paralelo para salida de emergencia. Pretendió utilizar otro pocito que hizo exprofeso para salida. La STPS se lo prohibió y desde el 12 de junio del año pasado, según oficio 210/DGIFT/595/2013 se le ordena restringir el acceso de los trabajadores. Sin embargo, siguió operando.
Lo más grave, es que ambas empresas estuvieron extrayendo carbón de un lote minero suspendido, debido a que, Refacciones y Materiales de Sabinas S.A. de C.V., violaba las normas de seguridad e higiene. De acuerdo al oficio SE/421/08969/2012, del 5 de octubre del año 2012, esto significa, que durante casi un año y medio, estuvieron extrayendo carbón de forma ilegal atentando contra la vida de los trabajadores y contra el patrimonio de la Nación, con la anuencia y también en beneficio del dueño de la concesión, Armando Morales Yutani.
Evidentemente, además de las empresas señaladas y del concesionario, la Secretaria de Economía falto a su mandato desde entonces, debido a que, en el citado oficio le dio al concesionario 50 días de prórroga para subsanar las medidas de seguridad e higiene, y de no cumplir con esta obligación, la concesión sería cancelada. Pero la Secretaria de Economía, no lo hizo.
“En estos centros de trabajo, en esta región carbonífera de Coahuila, la historia se repite hasta el absurdo porque matar mineros no tiene ninguna consecuencia”, puntualizaron las organizaciones.
Demandaron que se debe continuar inspeccionando, como se hizo en éstos dos centros de trabajo, la STPS deberá continuar dictaminando el cierre de operaciones hasta que se cumplan los emplazamientos de seguridad e higiene, pero el problema no se resuelve. Los mineros siguen muriendo porque a las empresas no les importa lo que diga o haga la STPS.
Ni siquiera se podrá resolver con la suspensión de las concesiones, el problema fundamental, radica en el Gobierno del Estado de Coahuila, ya que, les renueva contratos para la compra de carbón vía PRODEMI y esta misma acondiciona los centros de trabajo cuando sabe que habrá inspecciones para anular la labor inspectora.
Pero además, desde el siniestro en Pasta de Conchos, el Gobierno del Estado de Coahuila pretende reparar el daño por la muerte de los mineros haciendo que las empresas paguen hasta 180 mil pesos como reparación del daño y otorgando ayudas para funerales y becas para huérfanos.
De este modo, como en Pasta de Conchos y hasta el día de hoy, nunca se ha otorgado una sentencia por la muerte de los mineros ya que las averiguaciones se envían al archivo en cuanto reciben el depósito por los muertos. Además, el Gobierno de Coahuila, se ha negado a establecer una mesa de diálogo con la Organización Familia Pasta de Conchos, solicitada hace más de un año