*La sentencia puede regresar a la Suprema Corte; podría haber inhabilitación y responsabilidad de funcionarios
México, D.F.- El pasado 12 de marzo Tribunal Colegiado advirtió que si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúa sin cumplir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el amparo otorgado a favor de la Tribu Yaqui para que se respeten sus derechos durante la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, se podría regresar la sentencia, pero agregando un borrador de inhabilitación y responsabilidades en contra de los servidores públicos que se encuentran en desacato.
Ante ello, el Tribunal Colegiado inició un incidente de inejecución de sentencia.
Cabe recordar, que el 8 de mayo de 2013, la SCJN otorgó un amparo a favor de la Tribu Yaqui señalando que sus derechos a la información, consulta y participación habían sido violados durante la construcción del Acueducto, por lo que tendría que llevarse a cabo dicha consulta de acuerdo a sus usos y costumbres, y suspenderse la obra en caso de que exista daño reconocido en contra de la Tribu.
Posteriormente, el 7 de agosto de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte aclaró la sentencia a petición de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señalando expresamente que «el Director General de Impacto Ambiental de la Semarnat debe dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero de 2011» en tanto se desahoga la consulta a la comunidad Yaqui.
Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Semarnat, no ha cumplido y tras siete meses ha sido omisa en dar a la Tribu la información completa que responda a los 28 puntos específicos que ésta ha solicitado a fin de poder contar con todos los datos que le permitan realizar la consulta, libre e informada a todos sus integrantes y tampoco han realizado las diligencias necesarias para determinar si existe o no una afectación a los derechos de la Tribu.
Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, hizo un llamado a la Semarnat «para que nos entregue la información que hemos solicitado, de forma expedita, transparente y completa, a fin de que podamos llevar a cabo nuestra consulta contando con todos los elementos que nos permitan tomar una decisión y dar o no nuestro consentimiento. Asimismo, insistimos en que la Profepa debe cancelar la operación del Acueducto pues está más que probado el daño que está ocasionando a nuestra comunidad, por la extracción del agua que es esencial para nuestra sobrevivencia.
De acuerdo con la legislación nacional y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en el contexto de megaproyectos, la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse para recabar el consentimiento libre, previo e informado.
La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en territorio indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea planeado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios.