*La tortura fue probada por la CNDH y la SCJN ordenó la liberación de Israel
México, D.F.- Ante la ambigua acción por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua al no vincular a proceso al ex director del entonces Cereso Estatal por las acciones que posibilitaron la tortura en contra de Israel Arzate en 2010, queda clara la falta de voluntad para resolver conforme a derecho los delitos del fuero común que derivaron en dichos actos de tortura, señaló el Centro Prodh mediante un comunicado.
Con ello se abre una posibilidad histórica para que la Procuraduría General de la República (PGR) demuestre su compromiso para castigar los abusos de la política de seguridad del sexenio anterior.
Recordemos que el pasado martes 25 de marzo la juez de garantía, Carmen Leticia Prieto Ruiz decidió no vincular a proceso a Ramón Quintana Villasana, ex director del entonces Cereso Estatal (hoy Cefereso 9) Norte, a quien se le había imputado participación en la tortura a Israel Arzate Meléndez al haber permitido que fuera sacado del penal para ser torturado en la guarnición militar de Ciudad Juárez. El juzgado consideró que la competencia para la investigación de los hechos corresponde a la PGR, pero también omitió sujetar a proceso a Quintana Villasana por delitos del fuero común que sí entraban en su competencia.
En el contexto de la reciente serie de cambios en los responsables de las políticas de seguridad federal, resulta fundamental el esclarecimiento y sanción de los actos de tortura cometidos contra Israel Arzate. Cabe destacar que ello ya ha sido debidamente probado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y resultó determinante en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la liberación de Israel, en virtud de que su propósito fue el de construir una culpabilidad a partir de una declaración autoincriminatoria.
Toda vez que la tortura en contra de Israel Arzate ha sido reconocida, “exigimos a la PGR que se investigue efectivamente y se finque responsabilidad a los autores materiales e intelectuales de ésta, así como a aquellas personas que siendo autoridades hayan sido cómplices o facilitadores de la misma. Ese será un primer paso para resarcir el daño infringido a Israel y su familia, así como para dar certidumbre a las víctimas de los hechos por los que se pretendió inculparlo”, puntualizó la organización.
Es importante señalar que la tortura es una violación grave a derechos humanos y debe ser investigada y sancionada por la PGR conforme a los tipos penales aplicables. Asimismo, la responsabilidad por estos hechos no es sólo de una persona, ya que hubo una participación conjunta de diversos servidores públicos, tanto locales como federales: elementos militares, de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y del sistema penitenciario, que concurrieron y facilitaron la perpetración de los actos de tortura.
En 2010, como consecuencia del Operativo Conjunto Chihuahua las detenciones arbitrarias, la tortura, e incluso la desaparición forzada se generalizaron en Ciudad Juárez. Ello evidencia la incompatibilidad de las fuerzas armadas en el ejercicio de tareas de seguridad pública. El alto índice de impunidad de los abusos militares hace indispensable la participación de la PGR y del Poder Judicial Federal en su investigación y sanción.