*Análisis académico en la UNAM, durante foro sobre la reforma energética
Por Fernando Ríos/Centro Prodh
México, D.F.- El foro sobre la reforma energética, realizado el pasado 24 de marzo en la Facultad de Economía de la UNAM, inició con la lectura de una anécdota sobre el filósofo Luis Villoro quien vendió su máquina de escribir para apoyar la decisión del presidente Lázaro Cárdenas cuando expropió la industria petrolera a las empresas extranjeras. “Muchos mexicanos hicieron lo mismo en correspondencia con la acción osada y generosa del ex presidente; sin embargo con la promulgación de la reforma energética el 20 de diciembre de 2013, nos ubicamos en el momento previo a la nacionalización del petróleo”, recordó Fernando Cortez, consejero del Colegio de México.
El ingeniero Francisco Garaicochea hizo una valoración histórica del petróleo con los elementos que han conducido al momento actual:
“Bill Clinton puso como condición para el préstamo solicitado por presidente Zedillo, para resolver el error de diciembre, la apertura del sector energético a empresas como Shell, British Petroleum, ChevronTexaco, ENI, Norsk Hydro, Repsol, Schlumberger, Total Fina Elf, Alcoa y Exxon Mobil. Estas empresas han sido denunciadas por la organización International Business Leaders Fórum (IBLF), dedicada a la transparencia. IBLF documentó las violaciones cometidas en México por algunas de éstas transnacionales como son: desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias, negación de la libertad de expresión, negación de la libertad de reunión y de asociación”.
Francisco Garaicochea agregó que además de estas estrategias criminales existen otras que consisten en establecer una campaña de desinformación tecnológica, que inducen a diseñar y emprender proyectos innecesarios y equivocados. «En México han aumentado la deuda pública y sin duda serán una constante en el futuro».
Como ejemplos de los proyectos fallidos inducidos por compañías extranjeras Garaicochea mencionó a: Gasoducto de 48 pulgadas para exportar gas a U.S.; Inyección de nitrógeno a Cantarell; aprovechamiento del gas producido; desarrollo del proyecto Chicontepec con pozos convencionales; exploración y producción en aguas profundas; la explotación de gas en las cuencas de Veracruz y Burgos y, hasta ahora, la explotación de hidrocarburos en formaciones de lutitas.
En todos los proyectos de inyección de nitrógeno, la compañía Netherland Sewell, realizó los estudios de factibilidad en los que recomendó la innecesaria, cara y perjudicial inyección como “la mejor opción de explotación”.
Para el académico, un elemento que está en juego es lo que llama “rentabilidad asociada”, que consiste en el desarrollo de la industria colateral que crece en paralelo a los proyectos de exploración y explotación. Esta rentabilidad asociada no sería para la industria y el sector servicios de México, sino para la producción en Estados Unidos.
Por su parte, el investigador Ramón Carlos Torres insistió en que la reforma energética significa la pérdida de la autonomía del país pues los hidrocarburos, su transformación, refinación, el proceso de gas, la petroquímica básica, así como la transportación, el almacenamiento y distribución ya no son actividades exclusivas del Estado. Ahora estos recursos y servicios son de quien los acredite. Además estos recursos serán manejados por un fideicomiso formado por una mayoría independiente del Estado, por lo que las decisiones son vulnerables de ser tomados bajo los intereses particulares y a favor de las empresas.
Con todo esto se demuestra el “daño patrimonial latente” porque se pretende entregar lo que constituyen reservas ya probadas. También se puede apuntar la deuda de Pemex, porque ahora tendrá menos recursos para pagar lo que aún se debe. Es probable que esta situación conlleve un nuevo Fobaproa, puntualizó Torres.
Por su parte, Eduardo Morales, del Instituto Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló las afectaciones a los derechos sociales de las comunidades donde se pretende generar electricidad. “Las afectaciones no son casos esporádicos y atomizados, sino figuran dentro de un conjunto articulado de proyectos que no resultan viables para las comunidades, quienes soportan todas las externalidades. Así es como se han documentado más de 280 conflictos socioambientales en el sureste del país por proyectos eólicos, hidroeléctricos, gasoductos y de contaminación por la industria petrolera”.
En el foro a través de los diferentes ponentes coincidieron sobre la rapacidad de la reforma y la sustitución del mercado por el Estado, pues en esta sustitución se están jugando los derechos sociales de las comunidades y la seguridad de éstas ante la violencia sistemática que apuesta por la destrucción del tejido social.