*Opinión
Por Fernando Ríos/Centro Prodh
México, D.F.- El auge minero de los últimos años ha significado una “ventana de posibilidades” para los empresarios. Tan sólo en México existen más de 800 proyectos mineros que se encuentran en exploración y explotación, además de que buena parte del territorio nacional está concesionado a empresas extranjeras y nacionales.
Importante destacar que el incremento en la demanda mundial por energéticos y minerales, especialmente de los países que conforman el BRIC (llamado así el grupo de países emergentes formado por Brasil, Rusia, India y China), ha elevado el precio de los metales.
Las consecuencias que ha dejado la minería son el despojo de tierras para miles de personas campesinas y la contaminación de bienes comunes (tierras y aguas), pero las afectaciones no paran ahí, pues diferentes grupos delictivos han encontrado un “negocio” en el despojo, esto a consecuencia de las enormes ganancias y de un sistema económico y jurídico que permite arrasar con la tierra y el territorio.
En este contexto, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció en 2012 que el grupo criminal llamado los Zetas controlaba y explotaba “pocitos” (orificios en la tierra de hasta más de 100 metros de profundidad en donde las personas se tienen que introducir para sacar carbón) en la zona de Progreso, Coahuila; el gobernador (Proceso 10/11/12) implicó a Heriberto Lazcano y otros empresarios, quienes explotaban a miles de personas.
Cabe recordar, que hace unas semanas se conmemoró el octavo aniversario luctuoso de los 65 mineros fallecidos al interior de la mina Pasta de Conchos y resulta relevante revisar lo que sucede en Coahuila y en otros lugares del país donde la minería se ha vuelto la única opción para sobrevivir.
Ante la falta de medidas de seguridad se hace extremadamente peligroso este oficio, al grado de que hay más de 100 mineros que han perdido la vida en los últimos años.
Por otro lado, en Michoacán ha salido a la luz que entre 50 y 75 por ciento del hierro extraído en este estado está controlado por el crimen organizado, así fue denunciado en el canal británico Channel 4 (Jornada 11/02/14). La producción del metal se encontraba hasta hace unos meses en manos del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.
El Estado ha creado una política a favor del despojo por parte de las empresas mineras lo que sumado a la capacidad delictiva de muchos grupos en el país, por tal, se prevé un mayor peligro para las poblaciones en donde se asientan las minas. Frente a esta realidad se pronostica que aumente la violencia e impunidad, lo cual pondrá en mayor vulnerabilidad a mineros y a defensores comunitarios de los derechos humanos.