*Ayer se presentó el documental Raíces de nuestra justicia
Por Alina I. Vallejo Galeana
México, D.F.- “México vive una catástrofe en derechos humanos, en credibilidad y sin Estado de derecho, y justo son los pueblos indígenas quienes muestran justicia”, dijo ayer Gilberto López y Rivas, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante la proyección del documental “Raíces de nuestra justicia” presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“A mayor organización mayor represión y la población indígena está dando esa pauta de organización y el objetivo del Capitalismo es romper cualquier corporativo”, “la lucha no es solo de los pueblos es de todos”, enfatizó López y Rivas.
Al inicio del video se explica que “es derecho de los pueblos indígenas administrar la justicia en sus territorios, el cual es parte del derecho más amplio a la autonomía y la autodeterminación, (derecho) reconocido en la legislación nacional e internacional pero, en buena medida, ignorado por el Estado mexicano”.
Después de la proyección, Magdalena Gómez Rivera, abogada de la UPN, dijo que el documental es un precedente pues “da pie para asentar que la justicia de los pueblos indígenas no debe permanecer en espacios menores”, y debería ser tomado en cuenta, porque es un buen ejemplo de organización y comunidad.
Pilar Arrese Alcalá, del Centro Prodh, señaló que con el material audiovisual se busca “reflejar y dar a conocer a muchas personas, que no hay un solo estado normativo, que existen muchos pueblos y muchas formas de administrar la justicia”.
El video muestra cuatro ejemplos de justicia indígena, el cual pretende ser una herramienta didáctica para reconstruir sistemas de justicia propios. Las experiencias que se retoman son: J’ meltsa’ anwanej, Bachajón en Chiapas; Ayuuk, Jaltepec de Candayoc en Oaxaca; Wixarika, Bancos de San Hipólito en Durango y la CRAC-PC en Guerrero. A continuación se explican las cuatro formas de justicia indígena. AQUÍ documental completo.
Los J’ meltsa’ anwanej, Bachajón, Chiapas
O arregladores de conflictos, son los encargados de administrar la justicia para casos como despojo de tierra, maltrato a la mujer, drogadicción, prostitución, alcoholismo, entre otros. Su máxima autoridad es el Banquilal (juez reconciliador), al que le siguen el Ihts’ inal (sustito del juez), el Xuht (aprendiz), el Ts’ baywanej (secretario de actas) y el Trencipal (supervisor) quien se encarga de regular y vigilar que no existan actos de corrupción.
Para esta forma de administración de justicia no existen multas o castigos, o algún tipo de cobro, pues para el colegio de jueces que lo conforman su mayor recompensa es resolver el problema y asentarlo en actas, pues en caso de que no se logre conciliar es cuando se remite el caso al Ministerio Público. Pero afirman que es una desventaja porque en ésta institución los casos no son en su lengua y existe cobro de dinero, por multas, papeleo, etc. y al final no resulta muy efectivo.
Ayuuk, Jaltepec de Candayoc, Oaxaca
Aquí surge el concepto de comunalidad que se refiere a la tierra, el pueblo, las fiestas y el trabajo comunales, y por lo tanto el eje de impartición de justicia se basa en la resolución de los conflictos a partir de las decisiones que toma una asamblea; decisiones que, de no ser respetadas por las partes en cuestión perderán el respeto del pueblo.
La asamblea la conforman: el alcalde, suplente del alcalde, mayor, vocal, y la policía; que son quienes deciden qué hacer según los casos, o las multas a aplicar, sin embargo, si acusado incapaz de pagarla deberá hacer servicio público.
Son resoluciones concretas y mecanismos sencillos, así como rápidos, pues explican que a sus leyes no les “temen” ya que las hacen ellos mismos a diferencia de la legislación del Estado mexicano a la que no le entienden –pues no está en su lengua-.
Wixarika, Bancos de San Hipólito, Durango
Para esta región la autoridad se divide en tres niveles, los jicareros (territorio-agrario), tutuwani (gobernador-tradiciones) y el juez auxiliar (civil), quienes de no poder resolver algún caso serán auxiliados por una asamblea, y estos a su vez tendrán el respaldo del consejo de ancianos para llegar a una solución.
Para esa región lo más importante es preservar sus tradiciones; “no queremos que se destruyan nuestros lugares sagrados”, enfatiza Manuel bautista, gobernador de Wixarika por usos y costumbres.
CRAC-PC, Guerrero
La Coordinadora Regional, o Policía comunitaria, se encuentra organizada por más de 80 comunidades en todo el estado de Guerrero desde 1995, y surgió como” respuesta a la ineficacia y corrupción del estado mexicano” para detener los altos índices de criminalidad de la región, -considerada dentro de las más pobres-, y cuyo lema predica, “el respeto a nuestros derechos es justicia”.
Es “un sistema integral y sustentable”, comenta el Coordinador Regional, Pablo Gómez, que “sólo busca la reeducación”. Su organización consiste en una asamblea y policía comunitaria, y una asamblea, coordinadores y comandantes regionales, quienes solo duran en el cargo tres años, a semejanza de nuestros diputados federales.
En el video los miembros de la CRAC también aclaran que lejos de ser subordinados al estado sólo quieren justicia para su región, que como en todos los casos expuestos, se busca de forma autónoma a raíz del fallo y corrupción de la seguridad pública.