*Demandan derechos, justicia e igualdad para las poblaciones migrantes de la región, a 20 años del TLCAN
México, DF.- En el contexto de la sexta edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realiza hoy en Toluca, Estado de México, organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a incorporar en sus agendas de trabajo, las demandas de derechos, justicia e igualdad para las poblaciones migrantes de la región México-Estados Unidos-Canadá.
Asimismo, piden replantear el modelo económico regional, de modo que responda a las necesidades de la población y no sólo a los intereses económicos de un grupo minoritario.
Mediante una carta abierta, cientos de organizaciones señalaron que han pasado 20 años desde que en 1994 México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo que se enarboló como una acción que “revolucionaria” la economía regional y traería múltiples beneficios para su población, sin embargo, los indicadores económicos han demostrado un deterioro en las condiciones de vida de la población mexicana, aumentando la marginación y la pobreza.
Cuenta de ello es el incremento de la población mexicana que vive en pobreza (45.5 por ciento ); y el despojo de los recursos naturales; la militarización de la seguridad pública; el incremento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos y la falta de una reforma migratoria; la política de criminalización y persecución de la migración en México, han traído como consecuencia la búsqueda de nuevas rutas migratorias de mayor clandestinidad y riesgos.
Mientras que la militarización de la seguridad pública en México ha incrementado las violaciones a derechos humanos, tanto de la población mexicana como extranjera. A diario, los reportes de la prensa y las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil van contando el incremento de personas muertas y desaparecidas, sin que las autoridades, de todos los niveles de gobierno, hagan caso a las denuncias.
Ejemplo de ello, es lo sucedido en agosto de 2010 en Tamaulipas, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de 72 personas migrantes, situación que evidenció no sólo el contexto de inseguridad y las violaciones reiteradas a los derechos humanos de la población migrante en el país, sino también la falta de compromiso de las autoridades. Pasaron más de 3 años para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación.
Migrantes en tiempos de Obama
Desde que en 2008 Barack Obama fue electo presidente de los EU se estima que anualmente se deportan un promedio de 400 mil personas. Durante el año fiscal 2012, se deportaron a 409 mil 849 personas de las cuales 72 por ciento eran de nacionalidad mexicana. Dichas deportaciones, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo en condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes al realizarlas de noche y por puntos fronterizos con altos índices de inseguridad.
Para las 31 mil 540 mexicanas deportadas, en ese mismo periodo, la separación familiar , la pérdida de patria potestad de hijas e hijos, la imposibilidad de regresar de forma regular a los EU, la reintegración social en su país de origen, la falta de información sobre los procedimientos relacionados con el Sistema de Bienestar Infantil en EU y el acceso a la educación y a la salud en México, para sus hijas e hijos de nacionalidad estadounidense, forman parte de las consecuencias de esta acción.
Aunado a esta situación, trabajadoras y trabajadores migrantes en EU esperan una respuesta a la denuncia que han hecho sobre graves violaciones a sus derechos laborales, en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que los gobiernos de México y EU han archivado desde 2011.
Por su parte en Canadá, las y los trabajadores migrantes han visto obstaculizado su derecho de asociación, ya sea para buscar mejores condiciones laborales y/o denunciar abusos, en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que México sostiene con esa nación , con la complicidad de representantes del gobierno mexicano en Canadá y del personal encargado del reclutamiento y selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.