*Durante el primer año desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias
México DF.- En el contexto de la visita a México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), se difundió un memorándum donde la organización insta al gobierno de Peña Nieto a colocar a los derechos humanos (DH) en el centro de sus prioridades, ya que el tema ha “brillado por su ausencia” porque “aparentemente” no están en la agenda del Ejecutivo federal.
El documento señala que durante el primer año de gobierno hubo abusos a los derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias y “la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma”. Asimismo, señala que las y los defensores de derechos humanos y periodistas, enfrentan cada vez mayores ataques.
Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.
Para AI cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional exhorta Peña y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país.
Tortura, detenciones arbitrarias, personas desaparecidas
A un año de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades tienen pendiente publicar una lista depurada con los casos de aquellas personas que todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzadas en las que funcionarios públicos están implicados.
Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial, dijo a Amnistía Internacional que asumía “el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura”, sin embargo, la tortura y los malos tratos abundan. La mayoría de las medidas preventivas parecen estar más bien diseñadas para sub-registrar los niveles de tortura y malos tratos y para asegurar que los perpetradores evadan la justicia. En consecuencia, el sistema de justicia penal sigue recurriendo a la tortura como medio principal de investigación.
El sistema de justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas. El arraigo, que permite la detención de los sospechosos por largos periodos para realizar investigaciones, continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo.
Miembros del Ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que obligan al Estado Mexicano excluir los crímenes de derechos humanos de la jurisdicción militar, son un paso decisivo para el acceso a la justicia de víctimas y sus familiares.
Amnistía Internacional recibió con agrado la reciente decisión del Senado para remover la reserva al artículo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que prohíbe la aplicación de la jurisdicción militar en casos de desaparición forzada. Sin embargo, el gobierno y la legislatura no han cumplido con las sentencias de la CoIDH que ordenan la reforma al Código de Justicia Militar.