*Las y los habitantes hicieron un llamado para que terminen actos de represión
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- Miembros del Campamento Ixtliyólotl exigieron la clausura y demolición de la gasolinera ilegal —propiedad de Víctor Rábago Gutiérrez— ubicada en la autopista México-Cuernavaca, número 4367, en el pueblo de San Pedro Mártir, tras haber recibido, por parte del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) un fallo a favor del amparo interpuesto por las y los vecinos de la delegación Tlalpan.
En conferencia de prensa realizada el día de ayer en el Centro Prodh, las y los afectados explicaron que la construcción se realizó sobre un área de conservación patrimonial no apta para venta de gasolina, y que además, “la empresa CORPOGAS, SA de CV no contaba con el permiso vigente para la construcción, pues éste venció en 5 de diciembre de 2011, señaló Alfredo Flores, miembro del campamento.
Efigenia Garnica, integrante de Ixtliyólotl, expresó la preocupación que tienen las y los habitantes de San Pedro Mártir respecto a la gasolinera, pues ésta está en una curva peligrosa en la salida del Viaducto Tlalpan, en la que ya se han registrado varios accidentes.
Denunció además, que el pueblo está enojado porque no se respetan sus derechos e instó a que las autoridades cumplan con los recursos legales interpuestos por el campamento, pues aparte de todo el peligro que implica la construcción de la gasolinera, a las y los vecinos se les dejó sin acceso a su pueblo, pues la estación se encuentra en la calle que servía como entrada a San Pedro.
De igual forma, las y los habitantes del pueblo hicieron un llamado para que terminen los actos represivos, las amenazas y la difamación a la que han sido expuestos, pues están ejerciendo su derecho a manifestarse públicamente y a exigir que se les consulte en temas relacionados con su comunidad.
Asimismo, responsabilizaron a Alberto Ayala, certificador de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ante cualquier represalia que pueda ser tomada en contra de ellos o de las personas y organizaciones simpatizantes con su lucha, pues él fue quien concedió el uso del suelo a CORPOGAS.
También demandaron la atención de la actual administración de la delegación, pues hasta la fecha, “la jefa delegacional, Marisela Contreras, no ha dado la cara”, mencionó Enriqueta Curiel.
Asimismo, el Campamento Ixtliyólotl pidió, apegado a la resolución del tribunal, que se emprendan acciones en contra de las y los funcionarios que expidieron permisos para la gasolinera. Las instancias responsables en este caso son: la delegación Tlalpan, la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda (Seduvi) y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema-DF).
Sobre la gasolinera
Es importante recordar que la empresa CORPOGAS comenzó a construir —en contubernio con funcionarios corruptos de la delegación Tlalpan y del Distrito Federal— la gasolinera en el año 2011 con permisos que no cumplían con la normatividad vigente para el uso de suelo, sin embargo se continuó con la obra.
Posteriormente, las y los vecinos promovieron tres juicios, los cuales fueron favorables. Sin embargo, CORPOGAS interpuso un recurso de revisión, que no prosperó.
El pasado 25 de diciembre, más de 2 mil 400 elementos de seguridad del Distrito Federal “procedieron de manera violenta, arbitraria y desproporcionada a destruir el Campamento Ixtliyólotl y encapsularon por más de 12 horas a un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres de la tercera edad”, declaró Diego Contreras, miembro del campamento. El campamento cuenta con un video que documenta el desalojo.
Tras haber sido echado, el Campamento Ixtliyólotl señaló que la empresa reinició las labores de construcción y comenzó la venta del combustible. A la par, granaderos resguardaron la zona ante cualquier manifestación de las y los vecinos, quienes aseguran que hasta la fecha, desconocen quién dio la orden para que se llevara a cabo el operativo ni por qué siguen provocándolos y difamándolos, pese a tener un fallo a favor del TCA.
14/OVH