*Ya son cinco meses de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid
Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron a través de un comunicado, que “pese a que el Gobierno federal insiste en que la situación de La Montaña está resuelta (…) la crisis alimentaria que se avecina en la Montaña no ha sido conjurada y requiere de acciones emergentes”.
Dicha declaración es producto de una reunión que sostuvieron las y los miembros del Consejo con la secretaria de desarrollo social, Rosario Robles y el gobernador de Guerrero, Ángel Rivero, en la que de nueva cuenta presentaron su programa “Para que llueva maíz en la Montaña”, un programa de abastecimiento de casi 3 mil toneladas de granos básicos —maíz, frijol y arroz— para las familias que resultaron afectadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre.
Es importante recordar, que el pasado mes de noviembre, el Consejo de Comunidades Damnificadas presentó su propuesta técnica, en conjunto con Tlachinollan y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (Anec), con el fin de evitar la crisis alimentaria en más de 200 comunidades de La Montaña. Dicho proyecto —para su implementación— requeriría menos 2 por ciento del presupuesto que Enrique Peña Nieto anunció para el programa “Plan Nuevo Guerrero”.
Pese a que las y los habitantes de La Montaña han expresado que este programa social de recuperación del Gobierno mexicano no es capaz de garantizar el derecho a la alimentación de las familias guerrerenses tras el desastre natural, las autoridades federales y estatales no han fijado postura respecto a la iniciativa “Para que llueva maíz en la Montaña”.
En este contexto, Abel Bruno Arriaga, comisario municipal de Unión de las Peras, expresó que el Consejo de Comunidades Damnificadas “constituye un ejercicio inédito de participación ciudadana para la recuperación comunitaria tras el desastre natural, capaz de garantizar que los programas sociales y los apoyos lleguen directamente a quienes los necesitan y sin intermediarios”, pues señaló que los víveres y apoyos no les llegan debido a que las autoridades los acaparan.
El comunicado puntualizó también que la reunión que el Consejo —integrado por autoridades comunitarias tradicionales— sostuvo con la funcionaria y el gobernador fue pactada únicamente porque las y los habitantes de la Montaña se vieron orillados a “ejercer su derecho a la protesta, mediante una movilización multitudinaria en la ciudad de Tlapa de Comonfort el pasado 4 y 5 de febrero”. Sin embargo, no será sino hasta el 17 de febrero, cuando las autoridades posiblemente den una respuesta al planteamiento del Consejo.
Finalmente, el comunicado agregó que alrededor de mil activistas nacionales e internacionales, así como organizaciones defensoras han enviado cartas a las autoridades federales y estatales instándolos a atender con prontitud la propuesta del Consejo para así evitar una crisis alimentaria en la Montaña.
14/OVH