*Concluyeron que existe un genocidio dirigido contra las y los defensores de DH
Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) emitió —tras haber sesionado el pasado mes de noviembre— el dictamen sobre el capítulo México: Represión a los movimientos sociales, en el que se documentaron más de 5 mil casos que dan muestra de “la política represiva del Estado mexicano en contra de los movimientos sociales y los actores del cambio social en México”, señaló el documento.
Dicho dictamen inicia con una acusación general donde Félix Hernández Gamundi y Raúl Álvarez Garín, miembros del “Comité del 68”, ofrecieron un panorama general sobre los gobiernos que “han convertido intereses particulares específicos en contenido de interés general, y desplegado brutalidad y violencia en contra de todos aquellos que se atrevieron a manifestarse para exigir mejores condiciones de vida, y para que los derechos fueran para todos”.
Posteriormente se desarrollaron ocho problemáticas con casos que documentaron: luchas regionales estatales ejemplares, luchas urbano-populares, luchas ambientales, luchas laborales, represión por medio del poder judicial, luchas civiles, luchas indígenas, campesinas y de pueblos así como casos de represiones individuales ejemplares.
En este contexto, los integrantes del TPP coincidieron que nuestro país atraviesa “lacerante violencia estructural, ejercida por las instituciones y el sistema social, que se manifiesta tanto en la desigualdad como en la represión”. Además, expresaron que dicha violencia se ha ampliado con las diversas reformas propuestas por el gobierno de nuestro país.
Agregaron también que el criminalizar la protesta social, implica “la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo, a la política, al cumplimiento de los derechos humanos, al estado de derecho y a la democracia”. Con ello, se da muestra de la política autoritaria del Estado que busca controlar el descontento social.
Coincidieron que en los actos de represión documentados “hay un denominador común: se trata de acciones extralegales o de desvío de poder, que se cometen para favorecer a sectores económicos o políticos poderosos”. Y que los mayores perpetradores son en su mayoría el Estado —funcionarios y miembros de las distintas policías y del Ejército—, empresas privadas coludidas con las autoridades, medios de comunicación y el crimen organizado.
En el dictamen también se menciona que las y los represores utilizan actualmente “acciones cada vez más sofisticadas: infiltración de provocadores, encapsulamiento, entintado de la ropa para distinguir después a los manifestantes, seguimiento hasta los sitios donde se aborda el transporte público, colocación de vallas metálicas y cercos de edificios públicos, uso de balas de goma y esposas de metal”.
Los derechos que más han sido trastocados son el derecho a la vida, a la integridad física, a la igualdad y no discriminación, a las libertades de expresión, opinión y asociación. También se han visto afectados el derecho a la familia y al trabajo, la libertad de movimiento, al debido proceso y garantías judiciales así como los derechos de los pueblos indígenas.
Concluyeron que los crímenes documentados ante el TPP no son casos aislados sino que existe un genocidio dirigido contra las y los líderes y defensores de derechos humanos y del medio ambiente, quienes se han visto amenazados, asesinados, desprestigiados con acusaciones falsas. De igual forma mencionaron que la presencia de grupos armados y paramilitares que saquean territorios o que se encuentran asociados al narcotráfico, genera también numerosas vulneraciones a los derechos humanos.
Finalmente, el Tribunal condenó a los gobiernos de los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, así como a las dependencias, órganos, organismos e instancias legislativas, administrativas y jurisdiccionales por su participación directa e indirecta por acción y por omisión en las distintas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos y por la represión a los movimientos sociales en México.