*Urgen a autoridades garantizar para quienes realizan actividades comunitarias
Chilpancingo, Guerrero.- En el contexto de la Campaña Nacional Defendamos la Esperanza, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” (Red TDT), reiteró su preocupación por la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, pues en medio de una situación generalizada de violencia, esta entidad registra los mayores números de agresiones en contra de personas defensoras en el país.
Agnieszka Raczynska, Secretaria ejecutiva de la Red TDT, denunció la persistencia de prácticas deslegitimadoras de la labor de las personas defensoras por parte de actores estatales y de actores no estatales, señalando que “éstas abonan a poner en riesgo a las y los activistas, las cuales, aunadas a la crítica situación de impunidad que reina en casi la totalidad de los casos de agresiones contra personas defensoras, se vuelven un incentivo para la repetición de agresiones”.
Por su parte, Edgar Cortez, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Gubernamental de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, externó que “debe hacerse un especial reconocimiento de la labor de las y los defensores comunitarios, quienes se organizan en contextos de extrema pobreza y privación para exigir garantía a sus derechos elementales, como el derecho a la alimentación, a una vida digna y el acceso a la justicia, entre otros”.
“Estas defensoras y defensores comunitarios son quienes, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran en una mayor vulnerabilidad de ser criminalizados, reprimidos y sobre todo deslegitimados, especialmente cuando desde sus comunidades se organizan en contra de intereses privados de grupos poderosos que promueven modelos de desarrollo ajenos a la visión de los pueblos o que imponen la violencia y el temor”, puntualizó Cortez.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, expresó que “las defensoras y defensores comunitarios son un ejemplo de dignidad, y las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad y no a criminalizarlos ni meterlos a la cárcel como lo han hecho recientemente con trece integrantes de la Policía Comunitaria.
En su participación, Javier Hernández Valencia, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México, aseguró que “el trabajo por la defensa de los derechos humanos no es un capricho, es una necesidad que ha surgido entre las personas como consecuencia de las secuelas generadas por reiteradas violaciones a derechos humanos”.
La Red TDT se refirió al registro de agresiones y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en los últimos años que caracteriza a la entidad, destacando: la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista en diciembre de 2011; los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; de Fabiola Osorio, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; de Juventina Villa Mojica, en noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna.
Para el 2013 se registró la agresión de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, desaparecidos el 30 de mayo y posteriormente ejecutados; de Raymundo Velásquez Flores, integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 5 de agosto en Coyuca de Benítez; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien fue asesinada el 19 de octubre en el municipio de Atoyac; y de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande y de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre.
Durante la presentación se contó también con la presencia de diversas personas defensoras de derechos humanos de Guerrero, representantes de organizaciones y movimientos locales, así como del acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), quienes reiteraron cómo la comunidad internacional y la sociedad civil nacional mexicana se mantienen atentas frente a la crítica situación que enfrenta el estado de Guerrero en materia de Derechos Humanos.