*Pendiente la reforma al Código de Justicia Militar
México, DF.- Las organizaciones de la sociedad civil firmantes celebran la decisión del Senado de la República de aprobar el retiro de la reserva que el Gobierno mexicano interpuso al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al momento de su ratificación. Sin embargo, el Congreso aun tiene pendiente reformar el fuero militar para excluir en definitiva la competencia de dichos órganos militares para conocer de delitos cometidos en contra de civiles, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)en el caso Rosendo Radilla Pacheco.
El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas señala que “los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”. La reserva a dicha Convención señalaba que el fuero de guerra, al estar reconocido en la Constitución, no constituye una jurisdicción especial para los elementos castrenses por lo que valida la competencia de dicha jurisdicción para conocer de una desaparición forzada que fuese cometida por un militar en servicio.
Desde el año 2009, en su resolución sobre el caso Radilla, la CoIDH había declarado como inválida la reserva interpuesta por México ya que ésta, al implicar el desconocimiento del derecho de toda persona a un juez natural para la investigación y sanción del crimen de desaparición forzada, resultaba contraria al fin y espíritu del tratado.
La jurisdicción militar continúa siendo aplicada en México para investigar violaciones de derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar y de cuatro sentencias de la Corte condenando al Estado mexicano a modificar sus alcances. Si bien se ha presentado un anteproyecto de dictamen para modificar el Código de Justicia Militar elaborado por la Comisión de Justicia del Senado, a la fecha, éste no ha sido discutido y aprobado por las y los legisladores, lo que permite que la jurisdicción militar continúe conociendo de violaciones a derechos humanos.
Sin restar importancia al retiro de la reserva, las organizaciones subrayan que el Estado mexicano debe aprobar a la brevedad las reformas legislativas al Código de Justicia Militar que armonicen dicho instrumento con las obligaciones internacionales, para que ningún caso en que militares sean responsables de cometer violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales militares.
Las organizaciones firmantes son: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.