CNDH disminuye recomendaciones durante primer año de EPN

*En 2013 fueron 86 recomendaciones, igual que en 2010.

Por Quetzalcoatl g. Fontanot/Centro Prodh

México, DF.- Durante la presentación de su informe de actividades para el año 2013, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, puso el énfasis en la estrategia oficial que se ha seguido en el estado de Michoacán. El ombudsman que seguramente buscará ser ratificado en el segundo semestre de 2014, recordó  las declaraciones que había emitido el año anterior y el informe especial sobre los grupos de autodefensa del estado de Guerrero emitido a finales de 2013.

Plascencia también destacó algunos datos que suelen ser del interés de la prensa, como las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos. Llama la atención, sin embargo, el hecho de que el informe de labores que ha sido publicitado ampliamente, no se encuentre aún a disposición de la ciudadanía a través de la página web de la CNDH.

Entre los indicadores que el ombudsman trató de destacar están los servicios de atención al público (cerca de 350 mil en 2013), la apertura de una nueva oficina de atención en Michoacán y las instancias más frecuentemente señaladas por violar derechos humanos. En este último rubro, encontramos –en los cinco primeros lugares–  al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los penales federales, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal.

Finalmente llegó al tema de las 86 recomendaciones dirigidas a 109 autoridades durante 2013. Al referirse a este tema destacó el hecho de que todas han sido aceptadas por el gobierno federal, incluyendo a algunas que habían sido rechazadas el año anterior.

Sin embargo, al hacer un análisis de los cuatro años en los que Raúl Plascencia ha sido ombudsman, podemos percatarnos de que existe un patrón que llama la atención por la acción reguladora que se espera de una instancia de esta naturaleza. Recordemos que los Principios de París, que es el documento que inspira a este tipo de organismos en el mundo, dice que esta instancia debe contar con garantías de independencia que le permitan ser un contrapeso institucional en favor de la vigencia de los derechos humanos. En este sentido, señalan los citados principios, tiene la obligación de “señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los derechos humanos en cualquier parte del país, proponer medidas encaminadas a poner término a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del gobierno”.

Uno de los más importantes instrumentos que tiene para ello la CNDH, son las recomendaciones, mismas que pueden ser dirigidas a una o varias autoridades. Según un recuento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional, del 2010 al 2013 podemos ver una evolución dispar. Mientras en 2010 fueron emitidas 86 recomendaciones y en 2011, 95, para 2012 hubo una leve disminución a 93 recomendaciones. Llama la atención de que durante el primer año del regreso del PRI al gobierno federal la disminución en las recomendaciones haya llegado al nivel de 2010 con 86.

Si bien ciertamente se ha aumentado el número de autoridades señaladas en las recomendaciones, también lo es, que los expedientes de queja tuvieron una disminución del 2012 (poco más de 11 mil) al 2013 (poco más de 9 mil). Pero lo que llama más poderosamente la atención es que estas disminuciones en el uso de las herramientas de fiscalización a la labor estatal van acompasadas de un constante aumento en el presupuesto del organismo autónomo.

Si bien sería simplista pensar que un aumento en el presupuesto debiera implicar un aumento en las recomendaciones, llama la atención la disminución en los indicadores señalados. Ya en 2010 los investigadores del CIDE Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni afirmaban de manera categórica: “El gasto destinado al funcionamiento de la CNDH es excesivo”. El estudio “Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” documenta el constante incremento presupuestal que inició en 1996 con poco más de 356 millones de pesos y que al 2014 se ha incrementado en más de mil millones de pesos.  Ahí mismo se señala que el año en que más recomendaciones se emitieron fue en 1993, cuando se emitieron 264 recomendaciones. No reporta el presupuesto de ese año, pero sí destaca un incremento en lo que denomina “costo por recomendación” de menos de 3 millones en 1996 a más de 20 millones en el 2006. Actualmente este indicador se ubica en 16 millones.

Otro elemento que nos puede permitir dimensionar la acción de la CNDH es compararlo con los organismos más importantes en materia de derechos humanos a nivel continental. Según información periodística, el presupuesto unificado autorizado por la Asamblea General de la OEA para la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CoIDH) en 2013 y 2014 se mantuvo estable en 7,9 millones de dólares. Si convertimos a dólares el presupuesto 2013 de la CNDH nos arroja la cifra de 102.8 millones de dólares, mientras que el de 2014 sería de 105.9 millones de dólares. Esto quiere decir, que el organismo mexicano tiene más de 13 veces presupuesto de las instancias interamericanas.

Más allá de pretender descalificar a priori el trabajo de un organismo que sin duda es necesario para nuestra sociedad, cabe preguntarnos si está realizando la función que debería cumplir y si mantiene la imparcialidad, independencia y objetividad que son deseables para tan relevante función. No se trata de exigir presupuestos exiguos para los derechos humanos, sino de exigir que estos no se utilicen para negociar posiciones más flexibles en momentos críticos para nuestro país. Emilio Álvarez Icaza, Secretario ejecutivo de la CIDH, afirmaba en agosto de 2013 a la periodista Ana Lagner que “mientras que México es el país del continente que más gasta en instituciones protectoras de derechos humanos, también es, de los integrantes de la Organización de Estados Americanos, al que más denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Parece ser que los números no están cuadrando para México en materia de derechos humanos.