México, DF.- Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, capítulo México, elaboró 14 temáticas que enmarca las principales violaciones a derechos humanos durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.
La organización señaló que el Gobierno mexicano ha obtenido pocos avances, comparado con los pendientes que dejó la administración pasada de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pues persisten los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías; el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos; las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
En cuanto a la militarización y el abuso de militares, el informe detalla que México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116.
Asimismo, HRW señala que es común que en el país se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. Las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de Estambul. Entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Impunidad por abusos militares y policiacos tanto del sexenio pasado como de hoy: “el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.”
En cuanto a migrantes el texto señala que cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad, sin embargo, las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para protegerles, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos.
Sobre las y los defensores de derechos humanos, se destaca la persecución y las agresiones, las cuales a menudo están asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias, incluido el testimonio de testigos o el rastreo de comunicaciones de teléfonos celulares, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, no se dictaron condenas en ninguno de estos casos”.
Respecto a la desaparición forzada, el informe detalla que a comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una ‘grave crisis humanitaria’— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
En junio de 2013, la CNDH indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
Ante ello, la organización enfatiza que “es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos”.
“En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas…”, puntualiza la publicación.
El informe también incluye los apartados: libertad de expresión/agresiones a periodistas, violencia de género, condiciones carcelarias, discriminación, derechos laborales, entre otros.