En el contexto de la detención de cuatro militares presuntamente responsables de la violación y tortura de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa, la Oficina de Washington en América Latina (Wola, por sus siglas en inglés), señaló mediante un comunicado que por muchos años han insistido al gobierno mexicano que cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en éste y otros casos.
Después de casi 12 años de lucha incansable por parte de Inés y Valentina, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos incluyendo WOLA, por fin se puede decir que las mujeres tienen la posibilidad de obtener justicia.
Con las acciones recientes en los casos de Inés y Valentina, el Estado mexicano ha cumplido con componentes importantes de las sentencias de la CoIDH, sin embargo, hace falta que los procesos legales contra las personas detenidas sean transparentes y apegados a las leyes nacionales e internacionales, sin interferencia de los poderes políticos ni del Ejército mexicano. También, es imprescindible que el gobierno de México, durante el proceso y después del mismo, garantice la seguridad de Fernández y Rosendo, de sus familias y de sus representantes
En 2010 la CoIDH determinó que el Estado mexicano era responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos de Inés y Valentina, y ordenó al Estado mexicano detener y procesar, en un plazo de tiempo razonable a los culpables; transferir los casos del fuero militar al fuero civil; reparar el daño a las víctimas por medio del pago de indemnizaciones y otras medidas, y reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean investigadas y sancionadas en el sistema de justicia civil.
“Aunque ha habido debates en el Senado mexicano al respecto, aún no se ha reformado el Código de Justicia Militar y no hay claridad sobre la posibilidad de aprobar una reforma integral”, puntualizó Wola.
“Este caso, como otros casos emblemáticos, ha subrayado los grandes pendientes del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la impunidad que ha existido para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando los delitos son perpetrados por militares”, señaló Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa sobre México de Wola.
Mientras el Estado mexicano ha presumido grandes avances en derechos humanos, y ha aprobado reformas importantes en derechos humanos, tanto en el ámbito legislativo como en lo jurídico, la falta de avances para investigar y sancionar a los responsables en casos emblemáticos de derechos humanos ha puesto en entredicho las buenas palabras y reformas de sucesivos gobiernos mexicanos.
Al respecto, cabe resaltar que en el caso de los Campesinos Ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército mexicano en 1999, a pesar de que la CoIDH resolvió en 2010 que el Estado mexicano había violado sus derechos humanos, 14 años después de los hechos no se ha cumplido con su sentencia, incluyendo la investigación y sanción a los responsables de los delitos.