Centro Prodh repudia la criminalización contra organizaciones guerrerenses

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Manifestaciones en Guerrero, foto de archivo.

México DF.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) refrendó su apoyo al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), quienes al día de hoy se encuentran bajo la mira de una criminalización estrechamente relacionada con su labor como defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente en el estado de Guerrero; ya que su colaboración está cimentada en el humanismo, profesionalismo y gran fuerza que refleja su labor cotidiana.

Dicha criminalización se dio el  pasado 7 de enero, mediante el portal de noticias electrónico Milenio.com en donde se publicó un artículo titulado “Guerrilla “mueve” a grupos de autodefensa y maestros” en el cual hace referencia  a informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos federal y de Guerrero) en él sostiene “los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada”, acusando a diversos defensores de derechos humanos y activistas de estar vinculados a la guerrilla, particularmente al EPR y al ERPI.

Ante ello, el CCTI  desmintió al medio de comunicación señalando no tienen algún vínculo o relación con  organizaciones guerrilleras, tanto a nivel estatal y nacional, y enfatizaron que la publicación es una amenaza a la integridad física y psicológica para Raymundo Díaz Taboada, médico, defensor de derechos humanos, coordinador CCTI en Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, integrande del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Minervino Morán Hernández, miembro de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Bernardino García Francisco, sobreviviente de los hechos de El Charco, Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Francisco Monroy Hernández, del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

También es una agresión para la Normal Rural de Ayotzinapa y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), en especial la de Valentín Hernández Chapa, apuntó el comunicado.

El CCTI hizo un llamado a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentas a estas amenazas por parte del Estado mexicano en contra de cualquier defensor o defensora de derechos humanos, activistas y dirigentes de movimientos sociales que se manifiestan o expresan su protesta social.

El Centro Prodh responde al llamado de esta organización hermana y denuncia una probable estrategia de terrorismo de Estado en contra de líderes de movimientos sociales, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, que esboza un camino similar al de los sesentas y setentas.

Del mismo modo, el Prodh responsabiliza al Estado mexicano de cualquier daño a la vida o integridad, tanto de sus integrantes, así como de las personas a quienes han acompañado en su caminar.

Cabe destacar que Guerrero ha sido el estado con mayor índice de violaciones a los derechos humanos. Tan sólo en 2013  se dio el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en contra de activistas sociales (aproximadamente 13), la  mayoría fueron difamadas previo a sus ejecuciones.