Desplazamiento forzado en Chiapas en impunidad; podrían surgir nuevas agresiones

Aspectos de conferencia de prensa|Foto: Frayba

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- A casi cinco meses de que 98 personas fueran desplazadas forzadamente del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en Chiapas, ayer en conferencia de prensa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció las reiteradas omisiones en que han incurrido autoridades del gobierno estatal y federal para resolver un conflicto cuya gravedad advierte que se repitan hechos de imposible reparación, como los que han acontecido en la zona Altos de Chiapas.

“Tras innumerables reuniones que hemos sostenido con representantes del gobierno estatal y federal corroboramos que el tema del desplazamiento forzado (…) ha sido desestimado por las autoridades, quienes proponen tratamientos administrativos sin atender procedimientos mínimos de justicia, sin señales claras para resolver un conflicto en el que hoy el Estado mexicano evidencia su ineficacia y complicidad”, puntualizó la organización.

Manifestaron que en distintas ocasiones, Francisco José Yañez Centeno, jefe de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario de gobierno del estado de Chiapas, propusieron medidas económicas, materiales y de aparente reconciliación para que a través de proyectos de desarrollo se beneficiara a los pobladores del ejido Puebla, incluyendo a perpetradores de hechos delictivos, a cambio de olvido en la investigación de los hechos, impunidad para los agresores y firma de acuerdos carentes de sustento y sin garantías de no repetición.

Ante la omisión de las autoridades estatales y federales, el caso está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, el Frayba, junto con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos acompañarán a las familias desplazadas a recoger su cosecha de café en el ejido Puebla ante la necesidad económica que tienen. La jornada de labores que realizaran del 17 al 27 de enero de este año, señalando la responsabilidad del Estado mexicano ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse en la zona.

“Manifestamos que vamos a ir unos días a nuestra comunidad, con el fin de cosechar nuestro café debido a que el tiempo del corte de café ya se está pasando y nosotros tenemos la necesidad económica de contar con ese recurso que junto con el maíz y el frijol es la base del mantenimiento de nuestras familias”, señalaron las y los desplazados mediante un comunicado.

Las familias desplazadas señalaron que no se trata de un retorno definitivo, debido a que los gobiernos municipal, estatal y federal no han cumplido con las condiciones que se necesitan. Analizaran la situación, si no se dan condiciones, al terminar el corte de café, volverán a Acteal donde han permanecido desplazados, a seguir esperando que las autoridades cumplan.

El día de ayer entregaron una carta dirigida al ejecutivo federal y gobernador del estado de Chiapas, con copia a las autoridades subordinadas que tienen que ver con este problema, señalando la necesidad de resolver la situación, las acciones que se realizarán y responsabilizando al Estado ante cualquier agresión que pueda surgir.

El Frayba reiteró que con este conflicto corroboraron la impunidad con la que autoridades siguen protegiendo a actores que están polarizando las comunidades indígenas en su afán de desestructurar y desmantelar el tejido comunitario que favorece propuestas organizativas, como la autonomía, en respuesta a la crisis de gobernabilidad del Estado mexicano.

Peticiones para alcanzar solución

Que se resuelva conforme a derecho la posesión del predio de la iglesia que han poseído pacífica, continua y públicamente por casi 40 años, de acuerdo con el derecho de posesión que está reconocido como principio universal del derecho y reconocido por la legislación nacional y por la legislación estatal.

Que se dé el curso legal que corresponda a las averiguaciones penales abiertas con motivo de los actos delictivos cometidos en la colonia Puebla y que se actúe contra quien resulte responsable.

Que se proceda de inmediato a la reparación del daño que se nos ha causado, tanto el daño material, por la destrucción y robo de nuestras propiedades, como el daño moral causado por la calumnia de que las y los desplazados envenenaron el agua de la colonia Puebla. Como parte de este punto piden que se levante fe ministerial de las viviendas que tuvieron que abandonar, ya que algunas de ellas han sido allanadas y robadas.

Lo único que piden a las y los creyentes católicos de la colonia Puebla y de la Parroquia de San Pedro Chenalhó es NO A LA VIOLENCIA, NO A LA IMPUNIDAD.