Tlapa de Comonfort, Guerrero.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó sobre la acción penal realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se dictó autos de formal prisión en contra de cuatro personas involucrados en los delitos de violación sexual, tortura, abuso de autoridad, entre otros, contra Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega, ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa en el estado de Guerrero.
Cabe recordar, que las dos fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el 2002, cometidas por elementos del Ejército mexicano. Aunque los hechos fueron denunciados ante las instancias competentes, ni Valentina ni Inés accedieron a la justicia en México, debido a que las investigaciones se condujeron sin perspectiva de género y en el ámbito militar. Ante ello, acudieron al Sistema Interamericano donde tras un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó en el 2010 dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.
Entre otros aspectos, la Corte ordenó que los hechos se investigaran, en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, para que en su momento se ejercitaran las acciones penales correspondientes y sancionara a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de ambas mujeres Me’phaa.
Tras un largo proceso, a finales del 2013 se ejercitó acción penal contra los integrantes del Ejército que Inés Fernández y Valentina Rosendo identificaron como sus agresores. Los juzgados que quedaron a cargo de los procesos dictaron auto de formal prisión en contra de cuatro personas, que hoy enfrentan en prisión preventiva acusaciones por los delitos de violación sexual, tortura, abuso de autoridad, entre otros.
Este paso decisivo en la búsqueda de justicia de Inés y Valentina, a casi 12 años de que ocurrieron los hechos, habría sido inalcanzable sin la determinación de ambas mujeres Me’phaa. En ese sentido, es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia, señaló la organización.
Una vez que la PGR, ha cumplido con las obligaciones impuestas al Estado mexicano por CoIDH, es el turno del Poder Judicial de la Federación. Sin menoscabo del más estricto respeto a los derechos de los procesados, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú debe impartirse justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad.
En este sentido, casos como el de las indígenas del pueblo Me’pha ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues éste debe refrendarse en la actuación concreta de los juzgados federales que conocen de casos emblemáticos como los de Inés y Valentina.
Finalmente, considerando los antecedentes de amenazas en contra de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña demanda que se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus representantes. Para ello, será indispensable que la opinión pública nacional e internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas inician.