A las a las 15 horas en su programa de radio Joaquín López Dóriga informó que la SCJN está concluyendo que URO es responsable de violaciones a las garantías constitucionales en Oaxaca, también fueron declarados responsables el director de seguridad José Manuel Vera Salinas, el director de la Policía Ministerial José Moreno Rivas y el de la Policía Auxiliar Joaquín Darío Berges y Dorantes.
Notimex, por su parte, reportó que URO fue señalado como involucrado en la violación grave a derechos humanos durante el conflicto. Subrayó, en la votación final, que su participación no fue atenuada. Votación de ocho a tres (o siete a cuatro, siete por la responsabilidad lisa y llana, dos en contra, dos por responsabilidad atenuada): fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.
Ayer se mencionaba que se pretendía responsabilizar más a Fox y a Abascal. Pero hoy, dicen los medios, se dio dio completa impunidad a Fox y a su gabinete, a pesar de que la PFP reprimió a la gente. Exculparon así a Ardelio Vargas Fosado entonces jefe del estado mayor de la PFP y al coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP Héctor Sánchez Gutiérrez. Con esto se excluye también al gobierno de Felipe Calderón por los hechos de julio de 2007.
Según el Universal las violaciones graves fueron a los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Por su carácter de recomendación, aunque serán notificados el ejecutivo federal y la PGR, el Congreso de Oaxaca y el Congreso de la Unión, las autoridades federales podrán ignorarla. Son estas autoridades las que decidirán si le fincan a dichos funcionarios responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.
Con esta resolución se abre la puerta para que se inicie un juicio político. Solo como posibilidad. Esta decisión corresponde a la Cámara de Diputados