Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF.- Durante el mes de diciembre de 2013, en nuestro país se registraron más de 20 agresiones contra periodistas, entre las que destaca violencia física, privación de la libertad, destrucción de equipo, amenazas, entre otros. Los principales responsables son, en la mayoría de los casos, funcionarios públicos y elementos de distintos grupos policiales.
De acuerdo a la organización Article 19, Oaxaca es la tercera entidad más peligrosa para la libertad de expresión. El 11 de diciembre, Nabor Reyes del diario oaxaqueño El Tuxtepecano recibió amenazas de muerte por parte de un supuesto funcionario del gobierno del estado durante una conferencia de prensa.
De igual forma, el primero de enero de este año, sus compañeros Antonio Mundaca, Eduardo Jiménez, Víctor López y José de Jesús Alcántara fueron agredidos físicamente por personas vinculadas al Partido Unidad Popular (PUP) en la toma de protesta del nuevo edil de San Miguel Soyaltepec.
Del 14 al 16 de diciembre fue un fin de semana violento para el gremio periodístico en nuestro país: el sábado 14 el periodista Hernán Villarreal de diario veracruzano La Presencia fue privado de su libertad por una hora y agredido físicamente. En Zacatecas, Margarito Juárez de Página 24 denunció el robo así como el incendio de su vehículo a las afueras de Fresnillo.
Ese mismo día, pero en el Distrito Federal (DF), la fotoperiodista de La Jornada María Luis Severiano fue agredida por presuntos funcionarios de la delegación Magdalena Contreras mientras documentaba el ataque a un joven que se manifestaba contra el jefe de gobierno capitalino durante el informe de la jefa delegacional de dicha demarcación.
El día 15 de diciembre, durante las manifestaciones en el DF por el alza del metro y por las recientes aprobaciones a las reformas emitidas por Enrique Peña Nieto, la fotorreportera de Excélsior, Ana Beatriz Reyes y el corresponsal de Radio Nederland Wereldomroep (RNW), Aldo Sotelo, fueron agredidos por policías capitalinos.
También el sábado 15 en Puebla, en el contexto de la votación de la reforma energética a nivel estatal, el diputado Héctor Alonso Granados—quien ya ha tenido incidentes con la prensa— amenazó verbalmente a un grupo de periodistas y les recomendó buscar libros de historia para que vieran como las había ido a los periodistas de Nicaragua entre 1979 y 1989. “Los primeros que aparecieron flotando en los ríos fueron los periodistas” señaló el legislador.
De igual forma los fotoperiodistas de La Jornada, César Rivera en San Luis Potosí y Javier Verdín en Guerrero, fueron agredidos por policías estatales mientras cubrían el desalojo de manifestantes en el Congreso potosino tras la aprobación de la reforma energética y el bloqueo de trasportistas en una vialidad de la ciudad de Acapulco, respectivamente.
El 18 de diciembre, Ismael Gil del periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca fue golpeado por seguidores del diputado local priista Fredy Gil al interior del recinto legislativo oaxaqueño. En ese mismo estado, un día después los periodistas Jorge Luis Plata de Reforma, Luis Cruz del Imparcial y Jorge Morales de Televisa resultaron lesionados durante el enfrentamiento entre integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y policías estatales.
El lunes 20 de diciembre, el reportero veracruzano Miguel Ángel Roblero fue privado de la libertad por parte de policías navales de Coatzacoalcos mientras documentaba un vehículo que se encontraba a disposición del Ministerio Público. Y al día siguiente, pero en el Estado de México la casa de la periodista Anabel Hernández fue allanada por aproximadamente una decena de presuntos miembros de la Policía Federal.
Es importante mencionar también, que en el DF, Francisco Ortiz Pinchetti y Francisco Ortiz, editores del periódico Libre en el Sur de la delegación Benito Juárez han sido acosados —a través de las redes sociales ya desde hace un año— por servidores públicos de la delegación debido a que el diario se ha convertido en un “medio incómodo para los intereses políticos” de los funcionarios.
En este contexto, Article 19 recordó a las autoridades mexicanas que es su deber contar con protocolos que garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo así como prevenir las agresiones hacia la prensa. Además exigió que se investigue, enjuicie y sancione a los responsables de dichos actos y de que éstos, reparen el daño, ya que en 2013 se tuvo registro de más de 350 agresiones contra periodistas (aproximadamente 150 más que en 2012 y el doble de las que ocurrieron en 2011).
14/OVH/NSA