Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- El pasado mes de diciembre, el colectivo yucateco Indignación presentó su informe “La Casta Susana” donde reúne casos de mujeres que han sido víctimas de violencia familiar e incluso de feminicidio y que no han recibido la atención adecuada por parte de las instituciones encargadas de la impartición de justicia en Yucatán.
Asimismo, el escrito detalla que el pueblo maya no es reconocido —junto con sus derechos y sus sistemas de justicia y autoridades— por el sistema de justicia de la entidad, por lo que los casos de violencia de género quedan impunes y, además, fuera de los registros estatales y federales.
En el informe se constata que los ministerios públicos (con procedimientos complejos y ajenos a la cultura maya) están en zonas urbanas, lo que representa un difícil y costoso acceso para las mujeres. De igual forma, se relata que éstos no están capacitados en cuestiones de género y que no se respeta el elemental y mínimo derecho a contar con una o un intérprete.
La organización puntualizó que en Yucatán el feminicidio no está tipificado como delito grave por lo que responsabilizó a las autoridades del estado de no prevenir y sancionar el delito, de las omisiones y la “deliberada intención de ocultar los feminicidios” pues dicho acto representa “una violación al derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad yucateca en general” ya que genera entre la población una “percepción errónea del estado actual de los derechos humanos en la entidad”, explica el informe.
Si a dichos aspectos legales se les agrega la indiferencia que las autoridades demuestran hacia las víctimas, la procuración de justicia se vuelve aún más difícil. Indignación reportó en su informe que las mujeres denunciantes son “cosificadas” y constantemente quedan en riesgo expuestas ante su agresor además de que deben esperar meses para conseguir una sentencia o algún avance “significativo” en la búsqueda de la justicia.
La organización señaló que los tres niveles del gobierno mexicano están en deuda con las mujeres que han sido víctimas de violencia ya que deben garantizarles el derecho a la vida y a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones a la vida e integridad de éstas. En el caso de Yucatán, la deuda es mayor, ya que la entidad se encuentra dentro de los primeros lugares de violencia contra la mujer.
Finalmente, en el informe se exige que se fortalezca la capacidad institucional de las instancias judiciales, que se tipifique como grave el feminicidio y que se generen las estadísticas que caractericen a dicho delito de forma que se puedan generar políticas públicas efectivas para la prevención, combate y erradicación de la violencia de género.
Yucatán cuenta con una población de más de mil 955 millones de personas, de las cuales más del 50 por ciento corresponde a mujeres. Para el año 2010 casi la mitad de las mujeres yucatecas eran mayas. Las mujeres pertenecientes a este grupo étnico son un grupo vulnerable que se expone constantemente a la violencia de género y, pese a que legislación internacional, nacional y local cuenta con mecanismos de protección de sus derechos, la realidad es que las mujeres del estado cuentan con poco acceso a la justicia en caso de ser víctima de violencia.
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