*Opinión
Por Pilar Arrese Alcalá/Centro Prodh
México, DF.- Bajo la idea del “desarrollo” y “progreso”, en México cada vez son más las políticas que favorecen los intereses económicos de empresas transnacionales que buscan el despojo y saqueo de muchas comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Las recientes reformas energéticas y laborales han sumado a la complicidad, corrupción y permisividad de los diferentes niveles de gobierno —desde el federal hasta el municipal—para favorecer este contexto de imposición de proyectos de desarrollo, privatización y explotación de los bienes comunes naturales, llamados desde la visión capitalista “recursos naturales”.
Estos “proyectos de desarrollo” poco a poco han invadido la vida y dinámica de las comunidades indígenas, modificando profundamente su estilo de vida sin ser consultadas o tomadas en cuenta para decidir si querían o no estos cambios.
La falta de consulta y consentimiento de los pueblos es la realidad constante en cada proyecto, ya sea turístico, minero o hidroeléctrico que se ha implementado en comunidades indígenas.
Una herramienta que han utilizado los pueblos para defenderse y exigir el respeto de sus decisiones sobre los territorios que ancestralmente les han pertenecido, es el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Cabe mencionar que este derecho es reconocido internacionalmente, y está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ellos se instaura la obligación por parte del Estado, a establecer un proceso de participación de los pueblos por medio de un diálogo informado, de buena fe, previo al proyecto que se pretende realizar, respetando la cultura de cada pueblo, sus formas de organización y de manera que garanticen la comprensión sobre las consecuencias que traerá el proyecto en cuestión, y así tener los elementos necesarios para decidir.
La consulta debe ser entendida como un proceso que va más allá de ser meramente informativo, o que sólo sirva de estrategia del Estado para legitimar sus acciones que ponen en riesgo los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Es un paso necesario para llegar al consentimiento de los pueblos y sin ese consentimiento, el proceso de consulta carece de legitimidad, pues no garantiza la participación e incidencia real en los procesos de toma de decisiones.
Es por esto que la consulta no puede ir desvinculada del consentimiento para poder garantizar y respetar la libre determinación de los pueblos sobre sus tierras y territorios tomando en cuenta que además, este derecho es una herramienta y un puente hacia la reivindicación de muchos otros derechos como son el derecho a la no discriminación, al acceso a la información, al agua, a una vivienda digna, la alimentación, a la salud, al trabajo y a un medio ambiente sano por mencionar algunos.
Sin embargo, en México no existe voluntad por parte del Estado para hacer valer este derecho y tampoco hay mecanismos eficaces y leyes reglamentarias que lo garanticen, a pesar de ser un derecho reconocido a nivel nacional e internacional.
Ante esta realidad de colonización, exclusión y discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, la resistencia, organización y exigencia del derecho a la libre determinación es la respuesta que se ha venido haciendo cada vez más tangible. De diversas maneras se va viviendo esta lucha, desde la opción por realizar auto consultas en las comunidades, la articulación entre experiencias, el fortalecimiento de las estructuras propias, buscando también vías legales para la defensa. Todo esto desde la claridad cada vez más contundente sobre el derecho que tienen como pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus comunidades, tierras y territorios.