México DF.- A días de que Enrique Peña Nieto cumpla su primer año de gestión en nuestro país, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) emitieron comunicados por separado, dirigidos al gobierno mexicano en los que expresan su preocupación respecto a la alza en las violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos.
Ambas organizaciones coincidieron en que en los últimos 12 meses, los abusos –torturas, tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas– por parte de elementos de seguridad del país han aumentado. WOLA menciona que de enero a octubre de este año se reportaron mil 062 quejas contra las fuerzas armadas y 559 en contra de la Policía Federal, los cuales no han sido consignados o llamados a declarar.
Es preciso recordar que a principios de este año, el Gobierno Federal había comentado estar trabajando en una base de datos con los nombres de más de 26 mil personas desaparecidas, sin embargo, HRW emitió un informe en el que mencionó que existían incongruencias tanto en las cifras así como en los datos de las víctimas de desaparición, por lo que instó a que se realizaran las investigaciones correspondientes para que se pudieran realizar bases de datos más confiables y transparentes,
WOLA expresó además, que “las recientes victorias para víctimas de violaciones de derechos humanos se han logrado a través de la incansable labor de organizaciones de derechos humanos en México, y no a través de un sistema de justicia que funciona”, lo cual muestra las deficiencias en el sistema de impartición de justicia mexicano. Al respecto, HRW expresó que lo anterior lleva generar “dudas acerca del compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno”.
Como ejemplo de ello, WOLA mencionó que la reciente orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a Israel Arzate, quien fue torturado por soldados y falsamente implicado en una masacre en 2010, que tuvo lugar en el fraccionamiento de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Arzate fue liberado después de que organizaciones de derechos humanos mexicanas asumieron su defensa legal y trabajaron para atraer atención nacional e internacional a su caso.
Del mismo modo, después de pasar 13 años en prisión, el profesor indígena Alberto Patishtán fue otorgado un indulto por Peña Nieto en octubre de 2013, porque el gobierno encontró que sus derechos humanos habían sido gravemente violados, en particular el derecho al debido proceso. Desafortunadamente, Patishtán no hubiera sido liberado si no fuera por los años de campaña por su liberación por parte de su familia y de organizaciones nacionales e internacionales quienes trabajaron para visibilizar las injusticias que había sufrido.
Durante su presentación para el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció sus rezagos en materia de derechos humanos. En la práctica, sin embargo, parece que las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas, puntualizó WOLA.
Con información de Olivia Vázquez Herrera